El Gobierno enviará al Congreso de la Nación para ser tratado en las sesiones extraordinarias del próximo jueves un proyecto de ley para anular la Ley Cerrojo, que veda la reapertura del canje de la deuda, un requisito indispensable para cerrar definitivamente la reestructuración iniciada en 2005. También propondrá dejar sin efecto la Ley de Pago Soberano Reestructuración de Deuda", que había sido promulgada el 11 de setiembre de 2014, con la que buscaba eludir el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, quien bloqueó todo pago fuera del país hasta que la Argentina no llegue a un acuerdo con los bonistas que no ingresaron a los canjes, los holdouts.
El secretario de Finanzas, Luis Caputo, ha manifestado que la propuesta final surgió luego de las reuniones entre las partes en las oficinas del mediador, Daniel Pollack, en Nueva York y los fondos en litigio jjunto con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el subsecretario de Finanzas, Santiago Bausilli.
Los funcionarios se entrevistaron a lo largo de esta semana con representantes de los fondos NML Capital, Olifant, Aurelius y Dart, en duras negociaciones que se realizaron por separado y también lo hizo con parte de los "me too", que son bonistas que se agregaron a la causa.
"Se trata de muchos fondos, con diferentes créditos, que tiene pretensiones diferentes y no es fácil ponerse de acuerdo en una sola propuesta para cerrar el litigio", apuntaron fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Por otra parte, se supo que los funcionarios fueron notificados por el juez Griesa de que a partir del 29 de febrero no se podrían hacer más denuncias, tanto por parte del juicio de los bonos impagos como de demandas paralelas. Por lo tanto es probable que exista un acuerdo y que se anuncie en las próximas horas, luego de la presentación de la propuesta que es concensuda con el mediador.
La principal apuesta de Alfonso Prat-Gay, luego de liberado el cepo cambiario, que siempre manifestó en reuniones con financistas y empresarios, era que no se podía anunciar ningún tipo de medidas antes de tener un acuerdo cerrado con los holdouts.
En particular porque se necesita una definición de este tema para que la Secretaría de Finanzas arme un programa financiero donde se computen el monto total del pago acordado y el plazo para finalizar con los pagos. Esto implica saber cuántos fondos se deberán buscar en los mercado local e internacional adicionales para hacer frente a los compromisos financieros.
De acuerdo al cálculo de algunas consultoras privadas consultadas por Infobae, la estimación es que sin considerar un acuerdo con los holdouts la Argentina necesitaría entre 12.000 y 15.000 millones de dólares para cerrar su programa financiero 2016.
También el Ministerio de Hacienda y Finanzas enviará al Congreso dos proyectos de Ley: uno para llevar el mínimo no imponible a unos $30.000 retroactivo a enero de este año y otro para reducir el IVA o sacarlo direcatmente a algunos alimentos, como parte de la política antiinflacionaria.
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