La IGJ levantó el cepo informativo que había articulado La Cámpora

La Inspección General de Justicia (IGJ) levantó el cepo informativo que había articulado La Cámpora para bloquear el acceso a información sensible que podía perjudicar a numerosos dirigentes del kirchnerismo, en causas como la de Hotesur que complica a la familia Kirchner.

Apenas entró en funciones, Sergio Brodsky (titular del organismo fiscalizador) adelantó que avanzaría para desbloquear el intrincado sistema que había implementado la administración anterior. Y cumplió.

La resolución fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial, con un texto tan escueto como concreto: "Déjese sin efecto toda norma que de cualquier modo limite o restrinja el acceso a la información en el ámbito de la Inspección General de Justicia".

"Póngase a disposición de los interesados la información existente en el organismo, con las limitaciones que establece la Ley 25.326 y normas concordantes, sin perjuicio de las normas arancelarias vigentes", se apunta en el segundo artículo del dictamen.

La decisión es relevante porque le pone fin a una regla implantada por el kirchnerismo en 2012, cuando se produjo una escalada informativa en causas como la ya mencionada de Hotesur o en el caso Ciccone, que llevó al procesamiento del vicepresidente Amado Boudou.

En ese momento, el oficialismo impuso una condición por la que exigía acreditar "un interés legítimo" para tener la posibilidad de acceder a los registros de una persona jurídica. Esta regla impedía el libre acceso a los expedientes y blindó a las empresas que tenían funcionarios kirchneristas entre sus accionistas.

El kirchnerismo impuso que quien solicitaba información debía acreditar "un interés legítimo"

Cuando llegó a la IGJ, Brodsky adelantó que uno de sus principales objetivos era publicitar la documentación, informatizar el sistema, promover la gestión electrónica, acelerar los trámites y evitar privilegios. Esta mañana confirmó que ya puso manos a la obra.

Función de la Inspección General de Justicia

La IGJ es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, cuya función es registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales, sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que se constituyen en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

A su vez, la Inspección General de Justicia es la institución encargada de la inscripción en el Registro Público de Comercio de las sociedades comerciales nacionales y extranjeras, las matrículas de los comerciantes, y de los auxiliares de comercio. Asimismo, debe ejercer el control federal de las sociedades de ahorro e implementar el Registro Nacional de Sociedades.