Un nuevo capítulo se sumó al escándalo de la fuga de los tres sicarios del triple crimen de General Rodríguez. Florencia Piermarini, quien fue desplazada como jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense a raíz del escape en el penal de General Alvear, fue nombrada para ejercer un nuevo cargo público, esta vez como relatora de la Cámara de Casación Penal Bonaerense.
La designación de la ex titular del SPB fue impulsada por el juez Daniel Carral, integrante de la agrupación Justicia Legítima. Se trata de un puesto de importancia en un tribunal que se encarga, entre otras cosas, debe controlar el cumplimiento de las condiciones humanitarias de detención en las cárceles bonaerenses.
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Sin embargo, el juramento de Piermarini se frenó debido a que el cargo no fue aprobado por todos los integrantes del tribunal penal más importante de la provincia. Claro está, la responsabilidad política de la ex funcionaria en la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Victor Schillaci provocó la parálisis del proceso de selección.
Federico Domínguez, presidente del tribunal de Casación Penal de la Provincia, confirmó que "nadie le tomó juramento a Piermarini" y contó que recién se enteró de la propuesta de nombramiento por un llamado de la Suprema Corte bonaerense que le notifica la situación.
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En diálogo con el canal TN, Domínguez precisó que la ex jefa del SPB contaba con el aval del juez Carral y de los aptos físicos, psicológicos y médicos para asumir en el cargo de relatora. No obstante, advirtió que "no le tomó juramento por la cuestión de la fuga". Es que en lo formal el presidente Casación era quien debía ejecutar y cumplir con ese procedimiento.
Pese a que estar muy avanzada la designación de Piermarini, Domínguez consideró que no prosperará ya que, por lo escandaloso de la fuga, considera que el "tema está definitivamente cerrado" y no se "va a insistir en el pedido".
Hoy, la diputada nacional Elisa Carrió fustigó contra este nombramiento: "Escandaliza que el juez de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Daniel Alfredo Carral, nombre a Piermarini como relatora de su vocalía en ese tribunal cuando la justicia debería estar investigando sus responsabilidades penal en la fuga de condenados".
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"La designación de Piermarini deja en evidencia que los lazos de impunidad entre los responsables del crecimiento de las mafias de la provincia están intactos", agregó.
Asimismo, la legisladora señaló al ex ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal; a la procuradora general, María del Cármen Falbo; y al fiscal general de San Isidro, Julio Novo como participantes en una actuación conjunta tendiente a permanecer en "el poder de la provincia".
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En este sentido, Carrió acusó a Falbo de estar sospecha de poner trabas para dar con el paradero de los prófugos. "El 3 de enero frente a la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez señalé que resultaba obvio que fue manejada por la cúpula del Servicio Penitenciario provincial, entre ellos, por Florencia Piermarini de quien el ex ministro Ricardo Casal fue su jefe político", señaló.
Y añadió: "el juez en el cual Piermarini encontró refugio ya tuvo lazos con otros actores claves del poder judicial bonaerense como Julio Novo, que fue indagado por la Juez Federal de San Isidro por encubrimiento de narcotráfico".
Otro hecho similar que transita en paralelo es el de César Albarracín, quien era superior de la ex jefa del SPB y renunció pocos días antes del escape en General Alvear. También fue propuesto para ejercer un puesto clave en la Justicia, el de fiscal adjunto ante la Cámara de Casación Penal bonaerense.
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Para que Albarracín asuma como fiscal ante la Cámara de Casación sólo falta que Falbo, quien impulsó su nombramiento, le tome juramento, un hecho que hasta ahora no se concretó por las denuncias presentadas por diversas organizaciones defensoras de los DDHH por las supuestas violaciones de las garantías constitucionales de los presos mientras supervisaba las cárceles del SPB.