Luego de 10 meses, los Qom levantaron la carpa de la 9 de Julio

Diez meses pasaron instalados en una carpa a la intemperie en la intersección de la 9 de Julio y Avenida de Mayo en reclamo de 7 mil hectáreas de tierra que –acusan– les fueron usurpadas por el gobierno de Formosa. No obstante, parecían invisibles a los ojos de todos, principalmente del gobierno de Cristina Kirchner, quien pese al explícito pedido de la comunidad Qom de ser escuchados, nunca quiso recibirlos. Ayer, y tras un acuerdo con el presidente electo Mauricio Macri, los aborígenes de las comunidades "Potae Napocna Navogoh", Pilagá, Wichí y Nivaclé abandonaron el lugar bajo la promesa de ser recibidos el 11 de diciembre por el próximo secretario de Derechos Humanos.

Félix Díaz, cacique y líder de la comunidad Qom La Primavera (Formosa), le confirmó a Infobae que ayer cargaron en camiones y micros sus pertenencias y regresaron a su provincia a la espera de ser citados por el próximo presidente, quien se acercó a la carpa el 3 de diciembre para iniciar una mesa de diálogo. "Me he comprometido, en caso de ser electo Presidente, a recibirlos en la Casa Rosada. Hay mucho por hacer y dialogando y respetando la historia tenemos que encontrar caminos comunes de crecimiento", destacó el funcionario ante la prensa en aquella visita.

No obstante, los aborígenes aclararon que este acuerdo no significa que apoyen a Cambiemos, pero se mostraron agradecidos con el gesto y aseguraron que mantendrán su lucha sin afinidad por ningún partido político. Al mismo tiempo, se mostraron indignados y dolidos ante la indiferencia de la Presidenta. Denunciaron que hay "discriminación" por parte del kirchnerismo ya que nunca fueron recibidos ni escuchados.

Los aborígenes de Formosa –donde hay unas 110 comunidades en total– piden ser recibidos por el Ejecutivo para "debatir y encontrar soluciones" a la pérdida de 7 mil hectáreas de tierra que "le fueron sacadas" por las autoridades provinciales de Formosa. Exigen además que la Corte Suprema haga cumplir las leyes nacionales y los tratados internacionales que los protegen, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No obstante, los funcionarios nacionales son renuentes a juntarse con ellos porque dicen que la puja depende de otra jurisdicción.

"Territorio robado, será recuperado", rezaba una de las banderas que acompañaba una Wiphala en el acampe. En la visita de Infobae a la carpa hace unos meses, Díaz dijo que se sentía "desplazado, ignorado y desvalorizado por un Gobierno que los esperanzó con promesas de autonomía, autogobierno y autodeterminación" durante la presidencia de Néstor Kirchner (en referencia a la Ley de Emergencia Territorial) y que –acusó– se olvidó luego de los pueblos aborígenes. "El conflicto aborigen no está en la agenda política", lamentó.

En aquella oportunidad, denunció que el gobierno de Formosa beneficia a los punteros políticos. "Desde 1940 se ha reconocido nuestra zona como reserva indígena y fue ratificado en los años 52, 63 y 77. Siempre se mantuvo la superficie de 5 mil hectáreas. Lo primero que hizo Gildo Insfrán al asumir como gobernador fue reducir la categoría del Instituto de Comunidad Aborigen y perdimos autoridad de resolver problemas territoriales, sociales y jurídicos, además de ingresos presupuestarios para manejar cuestiones de salud, educación, asistencia agrícola y otras necesidades de los pueblos indígenas. Ahí empezó a flaquear la dirigencia indígena y se crearon las asociaciones civiles que fueron el origen de los conflictos territoriales", explicó el cacique que conduce la lucha y que cree que el Gobierno nacional solo los utiliza para sus discursos.

"No hay una sinceridad de una política seria donde respeten los verdaderos derechos humanos de diferentes personas porque entendemos que este país tiene diversas culturas que viven acá y lo único que se consigue es que tengan DNI para ser útiles en las elecciones. Los problemas los resuelven con las migajas que el Estado les da a los ciudadanos para que se mantengan quietos y que no se opongan al modelo nacional y de cada municipio. Es lamentable lo que está pasando. Estamos sufriendo contaminación ambiental, están destruyendo los montes, contaminando las aguas donde ahora el Gobierno de Formosa desecha basura cloacal, la tala de los bosques que produce sequía e inconvenientes para la alimentación. Estamos muy preocupados por la seguridad jurídica de nuestras tierras", agregó enojado.

Díaz precisó que solo conservan 3.300 hectáreas de 10 mil, ya que el resto fueron cedidas a parques nacionales y multinacionales: "El Gobierno buscó la manera de dividir a la gente. En el año 1979 fuimos despojados cuando el Gobierno de la Provincia le cede a Parques Nacionales parte de nuestro territorio indígena. Perdimos 50 hectáreas de tierra y la situación por la que pasamos fue muy crítica. Nadie sabía cómo dirigir la comisión directiva porque el cacique no sabe leer ni escribir. En algunos papeles aparece la firma de los caciques que ceden parte de sus territorios sin saberlo".

El cacique denunció que el gobierno de Formosa les cerró las puertas y hasta los reprime para quitarles la tierra: "El 23 de noviembre de 2010, quemaron nuestras casas, mataron a balazos a dos hermanos indígenas (Roberto López y Sixto Gómez) y nos quemaron documentos importantes de reserva nacional indígena que eran fundamentales para poder mostrar la verdad. Nos crearon causas penales y civiles para acorralarnos y esconder los problemas. Seguimos mendigando justicia, derechos humanos, que nos reconozcan en serio. No puede ser que un gobierno democrático nos aísle con la indiferencia", concluyó.