A contrarreloj, el kirchnerismo apura el ingreso de empleados públicos en la planta permanente del Estado. El Ministerio de Economía de la Nación publicó hoy en el Boletin Oficial la aprobación del orden de mérito para la cobertura de 243 cargos, un procedimiento fundamental –si no hay oposiciones al jurado– para declarar el pase definitivo de los trabajadores a la estructura de la administración pública.
En su mayoría, los concursos son para administrativos y técnicos que ya venían desarrollando sus tareas en el Palacio de Hacienda pero que estaban en un régimen "flexible", en el que cobran sus remuneraciones a partir de contratos renovables o monotributo.
La aprobación de los concursos se desprende de la resolución 252 dictada el pasado 7 de mayo por la Secretaría Legal de la cartera que conduce Axel Kicillof. De la nómina de los 243 cargos concursados, 22 de ellos forman parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el organismo descentralizado que orgánicamente está bajo la órbita de Economía.
En el conjunto de llamados aprobados hay analistas en políticas públicas, contadores, personal encargado de la gestión cobranzas, auxiliares administrativos y de mantenimiento, entre otros.
Además, según consta en las resoluciones 1183/4/5/6 de Economía, hubo 126 puestos que quedaron desiertos, ya sea porque los aspirantes no lograron juntar los requisitos necesarios o bien porque no hubo presentaciones para ocuparlos.
En los últimos años, representantes de la Junta Interna de ATE-Economía, que está enfrentada con Axel Kicillof, encabezan desde hace meses medidas de fuerza contra el régimen de precarización laboral que impera en la dependencia. Calculan que son 3500 personas con contratos precarios, en los que no se garantiza estabilidad, obra social ni aportes.
Este año, la decisión del Gobierno de incorporar personal a la planta permanente del Estado levantó un manto de sospechas en la oposición por el presunto uso partidario y discrecional de los recursos humanos. Una de las medidas que generó suspicacias fue la resolución 245 de Economía, cuando Axel Kicillof decidió avanzar en el llamado de 923 concursos en su cartera.
La última de las maniobras denunciadas tuvo lugar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Julio Alak, que abrió a dos meses de finalizar el mandato de Cristina Kirchner la cobertura de 453 cargos vacantes. "Lo usan para llenar los cargos con amigos a los que previamente y hace poco ubicaron en la planta transitoria mediante abundantes excepciones. La cuestión es particularmente grave cuando no se hacen concursos en el Ministerio de Justicia desde la primera época de Domingo Cavallo", sostuvo hace un mes el diputado por la UCR porteña, Manuel Garrido.
Detrás de los nombramientos está la deuda histórica que tiene el Estado para con su personal. Es que el Poder Ejecutivo no ha sido profeta de las leyes laborales: en la administración pública nacional, sin considerar al personal de seguridad, hay cerca de un 42% de los puestos de trabajo que están en una situación irregular.
En virtud de esta cuenta pendiente, el sindicato UPCN acordó con la Casa Rosada el año pasado incorporar 7500 nuevos agentes al Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). Ese proceso de regularización se extendió hacia todas las dependencias del Poder Ejecutivo y empezó a efectivizarse este año.
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