Demora ilegal en la comunicación del escrutinio

El Código Electoral Nacional (CEN) prevé un marco general relacionado con el escrutinio provisorio que determina dos situaciones que pueden ser analizadas por separado.

En primer lugar, de acuerdo con el artículo 71, inciso H, nadie debería publicar sondeos o resultados provisorios durante los comicios y las tres horas posteriores a su cierre, es decir, a las 21 horas del día domingo. Esta norma se relaciona directamente con aquellas que establecen la veda para la realización de campaña y la publicación de encuestas de opinión. Dichas actividades tienden a ejercer una persuasión sobre los electores y deberían evitarse durante los últimos días previos a la elección, a fin de que todos tengamos un tiempo de meditación libre y en paz. Su extensión a 3 horas posteriores al cierre de la elección busca sostener dicha protección hacia aquellos que aún pueden estar votando en los establecimientos durante ese tiempo.

La segunda situación que se desprende de la regulación del CEN es la obligatoriedad que pesa sobre los presidentes de mesa y las autoridades del correo de remitir inmediatamente los resultados de cada mesa a las Juntas Electorales Nacionales y a la Dirección Nacional Electoral (DNE), según el artículo 105. Luego, los artículos 110 y 112 les conceden a las juntas 12 días corridos para dar a conocer los resultados del comicio, pero en el caso de la DNE, a quien disponen enviarle la información, no dice nada más. Esto ha posibilitado la publicación inmediata de resultados provisorios que parecería ser absolutamente necesaria, y si bien no tiene un respaldo legal expreso, tampoco se encuentra prohibida.

El 25 de octubre pudimos observar dos actitudes que parecen alejarse de estas normas y de los fines que las inspiran. Por un lado, un espacio político y algunos medios de comunicación publicaron resultados provisorios con anterioridad al plazo previsto. Luego de conocidos los resultados provisorios, no parece que hayan distorsionado la voluntad del electorado que aún debía emitir su voto luego de las 18, pero incluso así dicha actitud fue ilegal.

En las elecciones del fin de semana último, la DNE puso a disposición de la ciudadanía la información que estaba recibiendo desde las mesas ya escrutadas por sus presidentes 7 horas después del cierre del comicio y 3 horas después del fin de la veda prevista por el artículo 71. De acuerdo con sus declaraciones públicas, esto respondió a una necesidad de ser prudentes y esperar a contar con datos que muestren una tendencia determinante. Esta decisión no encuentra respaldo en ninguna norma jurídica o principio del derecho electoral que la justifique y, por tanto, merece la tacha de arbitraria e ilegal. Aun tratándose de una decisión de oportunidad, mérito y conveniencia, esta debe encontrar su fundamento en el marco legal en que se circunscribe y ser jurídicamente razonable.

Es momento de que intentemos encontrar un equilibrio entre la ansiedad y la arbitrariedad. Los partidos deben contribuir a llevar tranquilidad a los ciudadanos, evitar el fomento de la ansiedad sobre una cuestión tan delicada para nuestra democracia como es la decisión fundamental y el ejercicio pleno de la soberanía del pueblo el día de las elecciones. Pero, por otro lado, los funcionarios encargados del escrutinio tienen que comprender que sus decisiones deben basarse en las leyes y que los datos que se desprenden del escrutinio provisorio deben ser puestos a disposición de la ciudadanía en el primer instante en que finalice la veda legal.

Experto en derecho electoral de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales