La mesa del Senado recibió el dictamen del Tribunal de Cuentas y el presidente de la Cámara Alta, Renan Calheiros, tiene previsto remitirlo inmediatamente a la Comisión Mixa de Presupuesto.
Esa comisión, una vez que comience los trabajos, tiene un plazo de 82 días para estudiar el informe, debatirlo, presentar enmiendas, someterlo a votación y enviarlo al pleno del Congreso, donde se votará posteriormente.
El dictamen del Tribunal de Cuentas concluye que el Gobierno cometió una serie de irregularidades para maquillar en 106.000 millones de reales (cerca de 28.200 millones de dólares) el resultado del presupuesto de 2014.
La oposición cree que ese dictamen es una "prueba" de que Rousseff, que se encuentra hoy de visita en Colombia, violó la ley de responsabilidad fiscal, lo que daría sustentación jurídica a sus reiterados pedidos de que se inicie un juicio político con el objetivo de destituir a la presidenta.
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El Gobierno atribuye esas discrepancias en las cuentas a "fallos formales" y espera que la mayoría oficialista logre la aprobación de los balances a pesar de las tensiones que Rousseff mantiene con algunos partidos que integran la coalición gubernamental.
Según informó hoy el diario Folha de São Paulo, durante una reunión a puertas cerradas con sus ministros este jueves, Rousseff calificó los pedidos de destitución de la oposición como un "golpe democrático a la paraguaya".
Rousseff habría aludido así a la destitución del presidente de Paraguay Fernando Lugo ocurrida en junio de 2012 en un rápido juicio político en el que fue acusado de "mal desempeño" de sus funciones, una situación por la que Paraguay fue suspendido temporalmente del Mercosur por considerar sus socios que hubo una "ruptura constitucional".
En Brasil cualquier persona puede presentar una solicitud para que se inicie un proceso de destitución del jefe de Estado. En los últimos meses la Cámara de los Diputados ha rechazado una decena de solicitudes de esta naturaleza y todavía tiene pendientes de análisis por lo menos otras nueve.
La mayoría de los pedidos de destitución le atribuyen responsabilidad a Rousseff en la delicada situación económica que atraviesa el país, así como en los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
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