El juez Claudio Bonadio citó a declaración indagatoria al jefe de Gabinete y candidato oficialista a gobernador de Buenos Aires, Aníbal Fernández, al ministro de Salud, Daniel Gollán, y al viceministro de esa cartera, Nicolás Kreplak, debido a las sospechas existentes en el proceso licitatorio de los 140.000 kits para el Programa Qunita.
El Programa Qunita del Ministerio de Salud está destinado, como lo explica su página web, a "todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)". Una iniciativa del Estado Nacional para "acompañar a las mamás durante el embarazo y luego del nacimiento de sus hijos, para garantizarles la mejor atención y las mismas oportunidades para nacer y crecer sanos".
El articulo más importante del kit es una cuna de encastre a la que se le agrega un colchón, un juego de sábanas, un acolchado reversible, un juego de toallas, dos enteritos de manga larga, dos enteritos de manga corta, dos pantalones tipo osito, dos pares de medias, un abrigo, un par de escarpines, dos sacos de dormir, un babero, un porta-bebé, un cambiador portátil, un bolso materno, un camisón, una bata de mangas largas, un par de pantuflas, una frazada, un neceser, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, un sonajero, un cunero móvil, un paquete de algodón hidrófilo, un paquete protector mamario descartable, una crema hidratante y una crema caléndula.
Fernández firmó junto a Gollán la decisión administrativa por la que en junio de este año se aprobó la licitación. Quien impulsó desde el ministerio de Salud toda la operatoria alrededor de Qunita es Kreplak, viceministro de esa cartera. Debido a que la licitación comenzó durante la gestión como ministro de Salud de Juan Manzur, el gobernador electo de Tucumán también fue citado a indagatoria.
Las condiciones de la licitación de Qunita fueron puestas al descubierto por el sitio periodístico Eliminando Variables y la diputada Graciela Ocaña hizo la denuncia judicial. Bonadio iene a su cargo la investigación junto con el fiscal Eduardo Taiano.
Las indagatorias -en total son 23 los citados- comienzan la semana que viene y se extenderán hasta el mes de noviembre. Según fuentes judiciales, deberán declarar los funcionarios de alto rango relacionados con la licitación y también los de la línea del ministerio de Salud que intervinieron en el expediente. Y los empresarios que fueron beneficiados con la licitación por un total de 1100 millones de pesos.
La empresa que cotizó más caro cada uno de los kits del Programa Qunita, fue Fasano SRL, una firma sin antecedentes y con escasa facturación. A esa empresa el Estado le compró 115.000 kits a un precio de 7850 pesos cada uno por un total de casi 903 millones de pesos. Infobae había revelado uno de los hechos llamativos de esta millonaria licitación: que en nombre de la firma Fasano, retiró el pliego el ex futbolista Carlos Damián Randazzo, sin relación directa con la firma que se quedó con la mayor tajada del contrato.
En la licitación otras cinco empresas se repartieron los 30 mil kits restantes y, ofrecieron un precio menor que Fasano. Deberán declarar ante Bonadio los dueños de Fasano, y de Delta Obras y Proyectos, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SRL, Dromotech, y Fibromad, las otras empresas favorecidas con la licitación.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) estableció -como lo hace en todas las licitaciones públicas- un precio de referencia que apenas superaba los 6600 pesos. Pero el ministerio de Salud siguió adelante con la licitación. Cuando se inició la licitación se planeó un costo total de 650 millones de pesos y el costo de cada kit fue estimado en 4500 pesos. Pero luego los números cambiaron.
Los investigadores judiciales sospechan que la licitación fue direccionada y que hubo cartelización entre las empresas participantes y las que quedaron afuera del negocio para equiparar los precios.
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