Impulsado por el diputado kirchnerista Héctor Recalde, y con el voto afirmativo de la mayoría de los bloques parlamentarios –con excepción del PRO–, un proyecto de ley para crear una "Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia" fue aprobado en septiembre pasado por la Cámara de Diputados con el objetivo de determinar los "actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron" con la dictadura militar y le dieron "apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza".
Mediante un comunicado de prensa, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su rechazo al señalar que el Poder Judicial "es el único poder con facultades constitucionales para administrar Justicia". Para la central industrial, "cualquier investigación sobre el particular que se realice a ciudadanos u organizaciones de la sociedad debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden". "El derecho de defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial, ya que éste es el único Poder con facultades constitucionales para administrar Justicia".
También el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires consideró que el proyecto "violenta expresas disposiciones constitucionales". Según el comunicado, "si bien la potestad legislativa para crear comisiones investigadoras ha sido reconocida desde los orígenes de nuestra organización institucional, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, con la finalidad de dilucidar cuestiones relacionadas con el objeto específico de su mandato constitucional, éstas en ningún caso pueden usurpar funciones que han sido constitucionalmente otorgadas a otros poderes del Estado. En particular, aquellas asignadas al Poder Judicial, a quien corresponde, en forma exclusiva, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes de la Nación".
Para los abogados porteños, "el proyecto subvierte el estado de derecho y el debido proceso legal al atribuir a la Comisión la potestad de investigar y señalar responsables, lo cual está prohibido expresamente por nuestra Constitución Nacional conforme la cual se declara la 'inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona' y se establece que 'nadie puede ser penado sin juicio previo'".
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