Ordóñez reaccionó al acuerdo firmado ayer en La Habana, que establece una amnistía para delitos políticos y conexos y "restricción de libertades" que puede cambiar la cárcel por trabajos comunitarios en algunos casos, presentando en el Senado diez observaciones en las que defiende la necesidad de la prisión.
Afirmó que "es insostenible jurídica y políticamente" si no incluye penas de prisión para los máximos responsables de crímenes perpetrados por la guerrilla.
Sobre todo para los máximos responsables "de los más execrables crímenes contra la humanidad", a los que identifica como los cabecillas de las FARC, cuya omisión de cárcel convertiría el acuerdo en un mecanismo de "impunidad, insostenible jurídica y políticamente".
"De acuerdo con el comunicado de prensa del Gobierno y las FARC, las penas privativas de la libertad no existirían", apuntó el procurador, que durante su intervención sostuvo que las "penas simbólicas son una afrenta y una bofetada a las víctimas", así como "desconocer sus derechos".
El procurador dijo que le preocupa "la ambigüedad del texto pactado", puesto que lo que se denomina "restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales" significa, sostuvo, que las penas para los guerrilleros pueden "reducirse a la prohibición de salir del país o la realización de un trabajo comunitario".
"Lo cual, a todas luces, incumpliría los estándares internacionales", aseguró el funcionario, que consideró que el acuerdo "quedó hecho a la medida de las FARC".
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Para Ordóñez, "es esencial que dicha restricción para los máximos responsables de crímenes internacionales sea la reclusión". "Si se evade una pena privativa de la libertad Colombia estaría incumpliendo con sus obligaciones de evitar la impunidad".
Además, subrayó que la Corte Penal Internacional "ha insistido" en que la pena que imponer por los crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio "debe ser proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos" y que por lo tanto "la pena no puede ser simbólica o inexistente".
"Como lo había advertido la Procuraduría, en La Habana se estaba negociando con las FARC el tratamiento judicial de los militares y policías. El Gobierno lo negó. Ahora es claro que se sometió su suerte jurídica al dictamen de ese grupo armado ilegal", agregó Ordóñez.
Por otro lado, también se opuso a que los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) participen en política, algo que sí respalda en el caso de guerrilleros con menor responsabilidad.
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