Pobreza: el Gobierno criticó el fallo de la jueza y justificó la falta de estadísticas

Ayer, la jueza María José Sarmiento ordenó al Ministerio de Economía que en el plazo de cinco días hábiles diga el índice de pobreza del país.

La resolución judicial, que se originó a través de un reclamo de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, despertó el rechazo del Gobierno. Lo hizo en boca del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien cuestionó esta mañana a la magistrada por "no saber de lo que habla" y aseguró que la exhortación favorecería un eventual reclamo de los acreeedores con los que está endeudada la Argentina.

En diálogo con radio La Red, el funcionario dijo que la jueza busca un índice de pobreza que "no existe más", y es el que se discontinuó con la llegada de Axel Kicillof a la jefatura del Palacio de Hacienda. Fernández volvió a apelar a la complejidad del índice de precios al consumidor nacional urbano (IPCNu), elaborado bajo supervisión del FMI, que "no refiere solamente al nivel de ingreso sino a la salud, la educación", entre otros aspectos, "que sirven para valorar dónde se define la línea de la pobreza".

"Lo que hace la jueza Sarmiento es una suerte de hostigamiento o algo más peligroso: abre la posibilidad de una demanda de los tenedores de títulos", acusó el ministro coordinador. "Lo que yo creo que está haciendo -continuó- es poner en tela de juicio el IPCNu para armar una megacausa de los tenedores de títulos públicos, que se ajustan por inflación, para incrementar la deuda pública. Está operando a favor de los tenedores para que paguen más".

Además, Fernández se hizo eco de las críticas de Cristina Kirchner contra Sarmiento, a la que calificó de "jueza delivery" debido a que varios de sus fallos contrarían los intereses del gobierno nacional.

"La jueza Sarmiento ya intervino cuando Redrado tendría que haber renunciado al Banco Central y dilató su salida. Ahora vuelve a meter la cuchara donde no debe porque no sabe ni de lo que se habla", fustigó el jefe de Gabinete.

Desde diciembre de 2013, el Indec dejó de comunicar los índices de pobreza e indigencia, estadísticas clave para determinar la situación de la población vulnerable existente en el país. Aunque no existen hoy datos oficiales, el Gobierno llegó a aseverar que menos del 5% de los argentinos es pobre en la cumbre mundial de la FAO.

Frente a los reclamos de la oposición y de la opinión pública - y ahora, la Justicia- para que se den a conocer datos fiables, el Poder Ejecutivo buscó acallar las críticas argumentando dificultades de tipo técnicas, o bien, porque se trata de mediciones "estigmatizantes", como dijo Axel Kicillof en marzo de este año.

A pesar de la falta de certezas, la Casa Rosada insiste en que la población mejoró sus condiciones de vida en los últimos años. "Entre 2011 y 2015 la pobreza bajó, no tengo dudas", aseguró hoy Aníbal Fernández.