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A casi cuatro años del inicio de la investigación por la desaparición y asesinato del joven salteño Daniel Solano (26) en Choele Choel en Río Negro, el juez penal Julio Martínez Vivot dispuso la elevación a juicio oral de la causa que desnudó la complicidad de siete policías que una noche lo sacaron a golpes de un boliche y que hoy están procesados por "homicidio agravado por ser ejecutado por miembros de una fuerza policial".


El abogado de la familia Solano, Sergio Heredia, informó que los policías Sandro Berthe, Juan Barrera y Pablo Bender llegarán al banquillo ante la Cámara Criminal Segunda de Roca acusados como presuntos "coautores" de los delitos de "vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de persona, en concurso real".


En tanto, Andrés Albarran, Pablo Quidel y Diego Cuello enfrentarán iguales cargos pero en carácter de "partícipes primarios", mientras que Héctor Martínez llegará acusado de partícipe secundario de esos tres delitos y como autor de "abuso de autoridad y falsedad ideológica".


Por otra parte, se discutían las pesquisas que el geólogo Walter Ovejero, especialista en perforaciones, iba a realizar por pedido de la querella en un jagüel ubicado en un campo donde los familiares de la víctima creen que podrían estar los restos del joven trabajador salteño desaparecido en noviembre de 2011.


Por su parte, familiares de la víctima marcharon estos días en Choele Choel en reclamo de justicia, acamparon frente al juzgado penal y realizaron un abrazo simbólico. "Los canas de ocuparon de poner testigos falsos y truchar toda la investigación", indicó a Clarín Pablo Solano, tío de la víctima, quien denunció amenazas e intimidaciones hacia testigos y allegados.


El 3 de agosto de 2015, los policías detenidos fueron liberados porque según el Código Penal de la provincia de Río Negro, nadie puede estar más de tres años con prisión preventiva. Ese hecho generó bronca e impotencia en los familiares, quienes realizaron una huelga de hambre.


Para la querella "el móvil del crimen fue la estafa laboral a la que era sometido tanto el joven Solano como el resto de los trabajadores golondrinas que estaban con él". Según se pudo reconstruir, unos días antes de ser secuestrado, el muchacho se había quejado de las condiciones laborales y estaba organizando a sus compañeros para reclamar mejoras salariales.


"Al principio nos decían que estábamos equivocados pero logramos comprobar que el hacinamiento laboral tiene directa relación con su desaparición. La multinacional Expofrut y la empresa local tercerizada a través de la cual pagaban los sueldos, Agrocosecha, tendrán que dar cuentas ante la justicia", añadió Heredia.


Por estas razones, la principal causa fue desdoblada en otras dos: "Por un lado, se sigue investigando la defraudación millonaria a los empleados; por el otro, el encubrimiento policial, judicial y empresarial", sostuvo el abogado, quien pretende que en el debate oral por el crimen de Solano se sustancien todas estas instancias, por lo que pidió también la detención de la jueza Marisa Bosco, que renunció a su cargo a raíz de irregularidades en el caso, y del fiscal Gustavo Flores.


Daniel Solano pertenecía a la comunidad guaraní de Misión Cherenta; en Tartagal (Salta); y había viajado a mediados de 2011 a Lamarque (Río Negro) para trabajar en la cosecha de manzanas. Tras recibir su primer sueldo, fue a bailar junto a sus compañeros a la disco Macuba, en Choele Choel, donde en la madrugada del 5 de noviembre un grupo de policías lo sacó del lugar y nunca se volvió a saber de él.


La versión de la empresa que lo había contratado y de la policía fue que se había ido a viajar por el país. La justicia convalidó esa idea hasta que el abogado Heredia, también de Salta, se instaló en Choele Choel para investigar el caso bajo custodia policial.