El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó hoy la prisión preventiva de la ex vicepresidente de Guatemala Roxana Baldetti, de quien se sospecha que lideraba una red criminal de defraudación aduanera en el país conocida como La Línea. Gálvez indicó que la orden fue dada "con fines cautelares, para garantizar los resultados del proceso".
La petición fue hecha por el Ministerio Público (MP) y respaldada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por existir peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad en este proceso.
"Tuvimos acceso a una carátula del pasaporte y es ciudadana italiana y podría abandonar el país", explicó el fiscal José Morales al presentar la solicitud, y remarcó: "Guatemala no tiene ningún convenio de extradición con Italia". El segundo temor era que Baldetti destruyera pruebas.
"Este órgano considera que el peligro de fuga y obstaculización a la verdad no está superado", sentenció el juez, al rechazar la petición del abogado de la ex vicepresidente, Mario Cano, de dejarla con arresto domiciliario por existir un arraigo en su contra desde el pasado 9 de mayo.
Baldetti fue ligada ayer a un proceso judicial por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo por integrar La Línea. La trama también salpica al presidente Otto Pérez Molina.
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De acuerdo con la investigación de las autoridades, la ex vicepresidente y Pérez Molina supuestamente crearon una estructura clandestina en las aduanas del país que ingresó de manera ilegal al menos unos 1.400 contenedores con mercadería.
La trama, por la que hay 28 sospechosos detenidos, presuntamente les permitió adueñarse de al menos 250.000 dólares, aunque la Fiscalía aún no ha culminado el análisis de toda la documentación del caso, que incluye casi 90.000 escuchas telefónicas y miles de documentos.
Pérez Molina ha rechazado cualquier vinculación con el caso, pero este martes el Supremo dio trámite a un pedido de antejuicio para que se le levante la inmunidad y sea investigado, lo que debe decidir el Congreso de Guatemala.
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