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Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de todos los tiempos, fue elegido en 1982 miembro suplente de la Cámara de Representantes de Colombia. Hasta ahí llegó su fugaz carrera parlamentaria, porque al año siguiente se vio obligado a renunciar, luego de que el periodismo revelara sus oscuros negocios.

La conexión entre el narcotráfico y la política ya no es tan transparente como en ese caso extremo. Pero eso no significa que se haya atenuado. Al contrario, que los vínculos sean menos evidentes le ha permitido al crimen organizado infiltrar como nunca antes las estructuras del Estado en casi toda América Latina.

"En la época de Escobar, los narcos intentaron gobernar. No contentos con el nivel de corrupción y de garantías que tenían de que no iban a ser perseguidos, quisieron ser ellos mismos los políticos. El ascenso del capo al Congreso, y el intento de algunos miembros del Cartel de Medellín de convertirse en alcaldes y gobernadores, generaron mucha oposición por parte de la dirigencia tradicional y los terminaron perjudicando. Ese error no lo cometieron los criminales en México, donde lo que les interesa es que los funcionarios encargados de la seguridad y la justicia estén subordinados a ellos a través de la corrupción", explica Hugo Acero Velásquez, consultor en seguridad y ex secretario del área en la alcaldía de Bogotá, Colombia, en diálogo con Infobae.

"En la época de Escobar, los narcos intentaron gobernar"

"Sin los vínculos con la política no puede explicarse la perdurabilidad de las organizaciones ni el nivel de expansión e influencia que han alcanzado en algunos casos emblemáticos. El negocio del tráfico de drogas ilícitas es una actividad que requiere algún margen de interacción irregular con la estructura institucional", sostiene Carlos Antonio Flores Pérez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado en narcotráfico y crimen organizado, consultado por Infobae.

Para el politólogo argentino Eugenio Burzaco, CEO de Seguridad Integral Templar S.A. y autor junto a Sergio Berensztein de El poder narco, lo que buscan estas organizaciones es impunidad. "Necesitan cobertura judicial, política y policial para funcionar. Entonces van corrompiendo de a poco las estructuras estatales para poder manejarse con libertad. Para ello cuentan con una enorme cantidad de recursos, y sobre todo, dinero en efectivo. Con lo cual, la política se presta", dice a Infobae.

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Colombia y México, como se sabe, son por distintos motivos los dos países más afectados por el comercio de drogas. Por eso no sorprende que allí las complicidades sean más explícitas que en cualquier otro lugar.

"Una forma de penetración más o menos reciente es la utilización de la propia democracia en su provecho. Hay ejemplos en México en los que los alcaldes, más que seguir los lineamientos partidarios, respondían a las mafias. Uno terminó preso por eso y estuvo encerrado en la cárcel del Altiplano, la misma de la que se fugó el Chapo Guzmán", explica Fernando Carrión, investigador de estudios urbanos y seguridad ciudadana de FLACSO, Ecuador, en diálogo con este medio.

El ejemplo citado por el investigador ecuatoriano es el de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, estado de Guerrero. Fue arrestado por su responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014. Las evidencias muestran que actuó en cooperación con el cartel Guerreros Unidos, para evitar un escrache contra su esposa, María de los Ángeles Pineda.

"En Colombia entre un 16 y un 17% de los alcaldes son manejados por carteles"

No es el único caso. Hace días se conoció un video que muestra a Juan Mendoza Acosta, alcalde electo de San Miguel Totolapan, manteniendo una reunión secreta con un grupo narco.

"Así como te hicimos ganar, échanos la mano. ¿Vas a jalar con nosotros? Tú sabes que estás con nosotros, viejo, ¿sí o no?", dice el jefe criminal en la secuencia. "¿Cuándo te voy a fallar? Jamás voy a jalar con otros cochos", responde el edil.

"En Colombia -dice Carrión- una ONG logró establecer que entre un 16 y un 17% de los alcaldes eran manejados directamente por carteles o grupos irregulares. Estamos hablando de casi 200 municipios, generalmente localizados en lugares de producción de cocaína o en las rutas de exportación. Si lo que hacían antes era boicotear las elecciones, hoy lo que buscan es vincularse a los políticos, porque les es muchos más redituable".

En Argentina la penetración no es todavía tan importante como en estos países. Pero es sin dudas un problema en ascenso.

"A medida que el narcotráfico va dominando territorios, se hace más fuerte la penetración en la política. Ya hay intendentes y concejales involucrados", dice Burzaco.



Diferentes grados de complicidad

"Lo más usual es la corrupción manifiesta en los organismos de seguridad y justicia, que brindan protección operativa e impunidad judicial a los actores clave del negocio ilícito. Está también en algunos casos el contubernio con autoridades políticas, que desvían desde la cúpula el funcionamiento normal de las instituciones para garantizar la operación de las organizaciones delictivas", dice Flores.

La forma más elemental de complicidad es el funcionario que está en un puesto de control y decide mirar para otro lado a cambio de dinero. Una instancia superior sería que un agente de alguna fuerza alerte a la organización criminal de la realización inminente de un operativo en su contra. Y así se puede seguir.

"Hay muchas formas de colaborar. Por ejemplo, un ministro de seguridad puede pasarle información a narcotraficantes sobre sus políticas, y anticiparle cuáles son las áreas donde va a haber control del Estado, y en cuáles no. Un diputado puede avanzar con leyes que favorezcan sus actividades. Un director de policía, montar un operativo en contra de los competidores de un grupo determinado, y un funcionarios de gobierno, proveer permisos para establecer negocios que lavan el dinero", explica José Miguel Cruz, especialista en violencia criminal y política comparada de la Universidad de Florida, consultado por Infobae.

Algunos académicos sostienen que una manera de comprobar cuán fuerte es el narcotráfico en una sociedad es ver hasta qué nivel de la jerarquía estatal logró corromper.

"Hoy están procesados altos funcionarios por el comercio de efedrina"

"Cuando sólo llegan a funcionarios de la Aduana -dice Burzaco-, o algún policía en el camino, es porque estamos en un fenómeno de tránsito. Ahora, cuando adquieren territorialidad, se meten en estructuras más fuertes. Ahí aparecen comisarios, jefes de Policía, como pasó en las provincias de Santa Fe y Córdoba (Argentina), jueces y fiscales, y funcionarios con mayores niveles de responsabilidad".

"Hay muchos indicadores peligrosos. Desde autoridades policiales presas, hasta intendentes detenidos por vínculos en operativos como Carbón Blanco. Hoy están procesados altos funcionarios de la Sedronar por el comercio de efedrina. Además hubo personajes relevantes del narcotráfico regional en Argentina, como el Chapo Guzmán, que según informes de inteligencia estuvo dos veces en el país en la última década. Son todos indicios de cuánto ha avanzado este fenómeno", agrega.

El caso del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero, es particularmente grave. El ex gobernador de la provincia de Santa Cruz fue procesado por fallas alevosas en los controles al ingreso de efedrina, que terminó siendo utilizada como precursor químico para la fabricación de diferentes drogas.


 Télam 162
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El financiamiento narco de las campañas políticas

"Los narcos tienen siempre cierta incertidumbre ante los procesos electorales, respecto de quién va a gobernar. Si triunfara alguien dispuesto a asumir la lucha contra el tráfico ilegal no les convendría. Entonces, no solamente mantienen a los funcionarios leales, sino que también financian campañas. Lo hacen en muchas ciudades e incluso con gobiernos nacionales", dice Acero Velásquez.

El caso de la efedrina se volvió particularmente escabroso en Argentina luego de que se comprobara que droguerías que pertenecían a traficantes habían hecho cuantiosos aportes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

"La política se maneja con mucho dinero en efectivo, negro. En la medida en que no está ni bancarizado ni controlado, su origen es difícil de saber. Y lo que tienen los narcos es mucho efectivo. Eso les da una alta capacidad de incidir en un proceso electoral. El control al financiamiento tiene que ser más claro y consistente para evitar que esto se generalice", explica Burzaco.

En el mismo sentido se expresa Flores. "Ésta es una constante allí donde hay sistemas electorales que no cuentan con suficiente supervisión y penalización sobre este tipo de prácticas".

Carrión afirma que "es algo que se da de forma casi generalizada en la región". "En algunos países, la situación es absolutamente explícita en gobiernos locales e intermedios".

"Sin el lavado no existiría la cadena del narcotráfico"

Por eso es tan importante controlar toda la cadena de la droga. Desde la producción, hasta el blanqueo de las ganancias. Si no se sigue la pista del dinero, es muy difícil llegar al corazón del crimen organizado y sus vínculos con la clase dirigente.

"Una de las partes fundamentales del negocio es blanquear el dinero negro y trasladarlo a la economía formal. Cuanto peores sean los controles, más fácil se vuelve esta tarea. El cálculo que se hace es que pierden un tercio de sus ganancias en este proceso", explica el politólogo argentino.

Una de las medidas financieras más cuestionadas de la administración Kirchner fue abrir un proceso de blanqueo de capitales que ya lleva dos años ininterrumpidos. Si bien el Gobierno argumenta que lo hace para recaudar, y que se realizan los controles necesarios, no da la mejor señal para los criminales sostener durante tanto tiempo un mecanismo de estas características. Siempre está el riesgo de que el origen de ese dinero que ingresa al circuito formal sea ilícito.

"Sin el lavado no existiría la cadena del narcotráfico -dice Carrión. Habría que acabar con los paraísos fiscales, pero enfrentar esos intereses económicos y políticos es muy complicado, y requiere de una política global".

"Si un gobierno realmente quiere combatir el crimen organizado, una de sus prioridades tiene que ser atacar el lavado de activos. Eso no solamente involucra a los narcos de manera directa, sino también a sus socios, porque es allí donde pueden aparecer propiedades adquiridas ilegalmente incluso por algunos funcionarios", asegura Acero Velásquez.


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Sin combatir la corrupción, no se puede parar el narcotráfico

"Un elemento crucial en cualquier política de combate a narcotráfico es la lucha contra la corrupción. No se puede pensar que vamos a vencerlo simplemente erradicando a los productores de cocaína o de pasta base, sin cortar los nexos con la clase política. Es la que provee la cobertura institucional para que siga funcionando y, muchas veces, hasta las herramientas estratégicas para su expansión", afirma Cruz.

Considerando la estrecha relación entre políticos y narcos, y la enorme incidencia de este vínculo para la proliferación del negocio, una conclusión se impone: mientras haya mucha corrupción estatal, va a seguir habiendo tráfico. Sin combatir una, no se puede frenar el otro.

"Es imposible. Resulta fundamental establecer controles patrimoniales sobre los funcionarios públicos y representantes populares. Adoptar esquemas bien articulados de extinción de dominio que permitan el aseguramiento de fortunas mal habidas. Eso da mucho mejor resultado que la mera militarización de la lucha antinarcóticos", sostiene Flores.

Es inseparable el avance del crimen organizado en América Latina del fortalecimiento de gobiernos que acumularon muchísimo poder, minaron las bases de la independencia judicial y desarticularon todos los organismos de control. Así, se garantizaron total impunidad para hacer lo que quisieran.

"Es fundamental establecer controles patrimoniales sobre los funcionarios"

"El narcotráfico avanzó en Argentina en los últimos 15 años porque hemos tenido una fuerte debilidad institucional. Empieza por la frontera, que es un colador, sigue por las fuerzas de seguridad que no dan abasto, y termina con un sistema de control de capitales poco viable. El país estaba en la lista gris/negra del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) hasta hace meses, por no tener implementado un esquema real de control. Hubo algunas mejoras, pero aún estamos lejos de tener un sistema robusto para evitar estas prácticas", agrega.

Mayor institucionalidad y control al poder político. Es una transformación que se impone en toda América Latina para enfrentar los desafío de este siglo.

"Hay que

fortalecer los mecanismos de contralor

para mejorar la supervisión. Es fundamental que los candidatos y los funcionarios sean transparentes con respecto a sus negocios privados e ingresos. Para eso hay que

tener instituciones autónomas e independientes

, con la capacidad para

investigar dentro de la estructura estatal

y con el poder para sancionar a los que violan las reglas", concluye Cruz.