El narco, un alcalde y su esposa, señalados por la desaparición de 43 estudiantes en México

El alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda, querían impedir que una movilización de estudiantes, el 26 de septiembre, interfiriera con un acto de Pineda donde daría un informe como jefa de un organismo de asistencia a menores, dijo el miércoles el fiscal federal Jesús Murillo.

La pareja, que trabajaba en complicidad con el grupo llamado Guerreros Unidos y en el que participaba también la policía municipal, ordenó frenar a los estudiantes que venían por una
carretera rumbo a Iguala, en el estado de Guerrero, tras haber tomado autobuses para recolectar dinero para la escuela rural de magisterio donde estudiaban.

"Fue una represión violenta por parte de los policías de Iguala y Cocula dirigidos por el grupo delincuencial señalado, con intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento que el alcalde y su esposa estaban celebrando esa noche", dijo Murillo en rueda de prensa.

El caso ha sacudido al gobierno de Enrique Peña Nieto, que hasta hace poco fue muy elogiado internacionalmente por haber sacado adelante reformas económicas largamente postergadas y
hasta algunas semanas aseguraba que la violencia de los cárteles del narcotráfico estaba disminuyendo en México.

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La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) libró una orden de aprehensión contra el alcalde, su esposa y los jefes de las policías de Iguala y Cocula, informó Murillo. Actualmente se desconoce su paradero. Guerreros Unidos es una de las varias bandas del crimen organizado en que se dividió el otrora poderoso cártel de los Beltrán Leyva, cuyo líder Arturo Beltrán Leyva murió en un enfrentamiento con marinos en diciembre de 2009.

La organización criminal no sólo se dedica al narcotráfico, sino también a secuestros y extorsiones. En Iguala decidían quiénes ingresaban a la Policía, dijo Murillo. Sidronio Casarrubias, detenido la semana pasada y líder de Guerreros Unidos, confesó que los oficiales involucrados entregaron los estudiantes a sus sicarios y que su lugarteniente, al comienzo del incidente, creyó que se trataba de integrantes de un grupo rival conocido como Los Rojos.

El detenido señaló a Pineda como la principal operadora del grupo delictivo, dijo Murillo. Los sicarios se llevaron a los desaparecidos en una camioneta blanca rumbo a un paraje donde una semana después fueron halladas varias fosas clandestinas con 30 cuerpos calcinados, que según los primeros peritajes no pertenecen a los estudiantes.

Sin embargo, Murillo dijo el miércoles que aún faltan los resultados de pruebas que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense, reconocido por haber identificado a desaparecidos de la dictadura en su país, para saber con certeza si entre esos restos podría estar el de algún estudiante.