Qué argumentaron los jueces que se pronunciaron contra la continuidad de Bonadio en la causa Hotesur

La Sala I de la Cámara Federal resolvió hoy apartar a Claudio Bonadio de la causa que investiga las irregularidades de la empresa Hotesur, que gestiona los hoteles de la familia presidencial en el sur. La decisión se adoptó por mayoría, con el voto de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, contra Eduardo Farah, quien se pronunció a favor de la continuidad del magistrado.

Ballestero basó el grueso de sus argumentos en el procedimiento de Bonadio. "No se encontraría garantizada la imparcialidad del juzgador a la que tienen derecho todas aquellas personas sometidas a un proceso penal, lo que justifica su apartamiento", concluyó.

¿A qué refiere el planteo de Ballestero? Bonadio convocó a un grupo de contadores de la Corte Suprema de Justicia para colaborar con el análisis de la operatoria de lavado de dinero. El objetivo era que lo orientaran el enfoque técnico que debía adoptar. Meses después acudió a los mismos expertos para hacer un peritaje contable. Y eso detonó el reclamo de las defensas.

"No puedo dejar de señalar, además, que tras compulsar el legajo principal, advierto la ausencia de algún informe o declaración testimonial a través de la cual se haya incorporado al proceso el resultado de la colaboración brindada por los expertos. La situación empeora cuando advertimos, mediante la compulsa de los autos principales, que se ha encomendado la realización de la pericia contable a esos mismos expertos", indicó.

Ballestero aclaró que "no es exclusivamente la presente declaración de nulidad" lo que lo lleva a expedir su voto en ese sentido, "sino su evaluación en forma conjunta con el resto de las circunstancias que se han suscitado a lo largo de la encuesta, y que también se han traducido en un menoscabo al derecho de defensa en juicio de los encausados". Y enfatizó "la reticencia del juzgador de habilitar a las partes el acceso al sumario y a autorizar la extracción de copias –ambos resultan necesarios para el adecuado ejercicio de la labor profesional de los defensores–, a la imposibilidad de los defensores de controlar algunas de las diligencias de prueba ordenadas y a la demora en contestar requerimientos de otros tribunales y planteos de las partes".

Freiler compartió en buena medida los mismos argumentos. "Resulta relevante señalar, además, que el peritaje que el Dr. Bonadío ha ordenado con posterioridad –con fecha 30 de junio del corriente año, ver fs 939/42 del legajo principal– se lo ha encomendado a los mismos especialistas cuya "colaboración" solicitó, extremo que, indudablemente, afecta su imparcialidad y objetividad", señaló.

"Llama la atención que mientras el Dr. Bonadio dilata la decisión vinculada con su competencia para continuar entendiendo en este sumario, ha ordenado la producción de una importante cantidad de medidas de prueba, que implican una injerencia en los derechos de las personas –nos referimos a las órdenes de presentación dirigidas a varias empresas privadas y a organismos oficiales–, que –otra vez– han tenido una inusitada repercusión en los medios masivos de comunicación", dijo.

Freiler cuestionó además la decisión de acudir a la Policía Metropolitana para efectuar los últimos allanamientos que se hicieron en Santa Cruz en el marco de la causa. "El juzgador no ha elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria–, sino a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la cual se circunscribe su jurisdicción territorial", reprochó.

"Lo expuesto hasta aquí devela que aquella preocupación vinculada con la posible falta de imparcialidad por parte del juez de grado que exteriorizó oportunamente el Dr. Beraldi, y que consideré suficientemente fundada al momento de expedirme en favor de su apartamiento, se ha visto concretada. Las diferentes irregularidades suscitadas a lo largo del trámite de esta encuesta, y el inadecuado tratamiento que el a quo ha dispensado a ambas defensas, conforman ahora un cuadro de situación aún más grave", concluyó.