La que acaba de terminar no fue una semana más para el gobierno de Nicolás Maduro. Es que tras 15 años, una delegación oficial del país caribeño participó de diálogos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y los expertos -luego de hacer las preguntas correspondientes- sacaron fuertes conclusiones.
Pidieron al gobierno venezolano "que garantice que las medidas cautelares dictadas para limitar la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacíficas se declaren sin valor jurídico y mientras eso no suceda no sean aplicadas, por contravenir las obligaciones del Estado contenidas en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
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El comité de expertos fue contundente: "El gobierno fue informado de las resoluciones de la ONU, pero las ha desatendido a pesar de que está obligado, por ser firmante de los tratados internacionales y ser miembro del foro internacional, a acatar los parámetros sobre protección de derechos humanos". Esas palabras le pertenecen al miembro del Foro Penal Gonzalo Himiob, una de las 30 ONG venezolanas que consignó pruebas sobre violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2014.
De acuerdo a lo que publica El Nacional, Himiob agregó: "El incumplimiento al mandato de la ONU muestra la poca disposición del gobierno a respetar derechos humanos y lo coloca de espaldas a la comunidad internacional". Si incumple, la ONU establece en sus informes una notificación sobre el caso Venezuela, en detrimento de la imagen de la gestión de Nicolás Maduro.
El Grupo de Trabajo, en su 71º período de sesiones, efectuado entre el 17 y 21 de noviembre de 2014, citó a las partes para que expusieran los casos.
El gobierno venezolano fue notificado antes sobre las denuncias el 28 de febrero de 2014. El Estado respondió el 28 de abril del año pasado y, de manera adicional, el 17 de junio de 2014, que la oposición pretendía derrocar a Maduro.
El mismo diario consiga que el informe de la ONU consideró que las 300 detenciones -ocurridas en febrero de 2014- fueron arbitrarias, por cuanto contravinieron los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión.
De este total, 19 personas fueron torturadas o sometidas a tratos crueles, lo que fue calificado por el Grupo de Trabajo de alarmante y los expedientes remitidos al relator especial sobre la tortura.
El Foro Penal totaliza, hasta el presente, 3.765 detenciones; 2.055 se mantienen con medidas restrictivas a su libertad, mientras que 29 están tras las rejas por manifestar. Asegura que hay 75 presos por motivos políticos.
La prohibición de salida de los directivos de medios de comunicación
El experto israelí Yuval Shanny preguntó a la delegación encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, sobre la medida cautelar que afecta a los directivos de tres medios de comunicación.
"Quiero información sobre la prohibición de salida del país de 22 editores de medios de comunicación", dijo Shanny al comienzo de una jornada que duró casi cinco horas. Ortega y las magistradas Carmen Zuleta y Marjorie Calderón guardaron silencio.
"Vamos a responder todas las preguntas, pero muchas las haremos por escrito", dijo más tarde la titular del Ministerio Público en relación con la cantidad de interrogantes que no fueron aclarados.
Por su parte, el comisionado costarricense, Víctor Rodríguez-Rescia, hizo una propuesta que tampoco recibió respuesta: "Pedimos al Estado que las relatorías de la ONU sean invitadas para trabajar y fortalecer temas como el acceso a la información. Que se invite al alto comisionado".
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