Las ART llevan a juicio a los "abogados caranchos"

Alguien tiene que absorber el costo, eventualmente. Semanas atrás, una reconocida empresa del rubro de la calefacción tuvo que renegociar el contrato con su ART de costumbre para cubrir a su personal. El costo que la aseguradora le planteaba era exorbitante, cerca de la mitad más de lo esperado. El motivo era simple: de 400 empleados de esta empresa, 50 de ellos le habían hecho juicio a la ART en el último año por lesiones. Para los abogados "caranchos", ya no se trata solo de accidentes de tránsito. Encontraron un pozo mucho más lucrativo: los juicios a las aseguradoras de riesgos del trabajo. Capturan pacientes de accidentes laborales con promesas de dinero insensatas en donde ellos se quedarán con la mayor parte y la firma de un poder como acto inicial. Y con la industria del juicio en alza, el sistema de aseguradoras y empresas siente el golpe.

Juan González Gaviola, a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que controla a las ART, conoce el problema de frente: el año pasado, su organismo tuvo que frenar a un grupo de aseguradoras que intentaban cobrar a un grupo de empresas de la industria de la carne alícuotas que llegaban al 40 por ciento de la masa salarial. El funcionario asegura a Infobae: "Los accidentes bajaron considerablemente, pero la industria del juicio está en alza. Hoy, entre un 30 y un 50% del costo de alícuota que se cobra a las empresas se debe a la litigiosidad. Y el costo se refleja en el producto final que llega al consumidor. Las cifras que se manejan son muy grandes y hay un incentivo para que personas inescrupulosas traten o de inventar enfermedades o de utilizar las vulnerabilidades del sistema pericial para conseguir más dinero."

Esto, previsiblemente, también repercute en los prestadores médicos de las aseguradoras. El Centro Médico Integral Fitz Roy, la clínica más grande del sector, recibe un promedio de 2600 pacientes por mes. A sus oficinas, llegan entre 10 y 15 oficios judiciales por día requiriendo historias clínicas de pacientes. A sus puertas, llegan los "caranchos" para captar pacientes frescos para montar nuevos juicios, algo que la clínica registró repetidas veces en sus cámaras de seguridad y que C5N emitió al aire. Mario Schusterhoff, su director médico, se lamenta: "Hoy en la industria el costo de los juicios supera ampliamente a las prestaciones. Y repercute en el negocio. El sistema es muy bueno, está controlado severamente por la SRT. Pero los juicios están arruinando al sistema." González Gaviola agrega: "Esto genera un daño a la sociedad y desvirtúa un sistema que le da beneficios a trabajadores que se enferman en serio."

Por lo pronto la respuesta judicial de las ART ya está en Tribunales. El estudio Iezzi-Varone, encabezado por los abogados Gabriel Iezzi y Víctor Varone y especializado en derecho penal de empresas, inició dos denuncias en fiscalías porteñas en las últimas semanas contra media docena de estudios jurídicos por hostigamiento a pacientes. También, presentó denuncias contra estos estudios en la Comisión de Vigilancia del Colegio de Abogados porteño. El sistema entero que alimenta de información y nuevos casos a los "caranchos" -conformado por infiltrados en sectores clave y que la SRT y clínicas como la Fitz Roy pudieron identificar- es lo que está en la mira. El abogado Varone apunta: "Los 'caranchos' tienen punteros que salen a buscar casos. Así, arman fraudes al seguro. Al salir de la clínica prestadora, el puntero los aborda. Duplicaron la industria del juicio que existe hace años en la parte de automóviles y la replicaron para las ART. Esto perjudica a todo el mercado." Las ART que decidieron litigar, por otra parte, endurecieron su postura y decidieron no aceptar desestimientos de los estudios a los que denuncian.

Iván Schusterhoff, director administrativo de la clínica Fitz Roy, agrega: "Los abogados hasta le pagan a pacientes para que sea un promotor interno, para que les lleve gente." Schusterhoff detectó hasta pacientes reclutadores en la propia Fitz Roy que vendían casos a "caranchos" a cuatro mil pesos el dato. En la SRT, González Gaviola admite que la cuestión entró a su propio organismo. Los expertos encargados de determinar y fiscalizar el daño de cada accidente estuvieron en la mira: "Hemos tenido desde despidos a causas penales cuando vemos que tenemos desvíos de profesionales relacionadas a la determinación de daños", asegura. La tabla baremo, establecida por decreto para determinar matemáticamente las incapacidades por lesiones, genera polémica: a nivel judicial, no hay un uso estandarizado. "En la práctica tenemos 600 juzgados laborales en los cuales se aplican criterios totalmente diferentes entre sí. Hay un control muy liviano, si es que lo hay, con respecto a la calidad de las pericias médicas", asevera González Gaviola.

Las demandas en masa no son el único problema; el fraude contra las aseguradoras suma gravedad al asunto. "Va desde inventar enfermedades que no existen a producirlas, como romper los dedos y cortar tendones. En Santa Fe investigamos una asociación que se dedicaba a cortarle los tendones a la gente para cobrar indemnizaciones. El caso de los "rompehuesos", que se quiebran dedos supuestamente cayéndose de escaleras cosechando limones en Tucumán. Este es el nivel mayor de degradación: aprovechan la vulnerabilidad de un trabajador para que se lesione a sí mismo", dice González Gaviola. En su clínica, los Schusterhoff elaboraron un protocolo para asesorar a nuevos pacientes en cuanto a acciones jurídicas, con una oficina de la SRT presente en la clínica.

Los "bolseros", acumuladores de casos, son otra arista preocupante: "Les dicen a las ART: "Tengo juicios por X cantidad de plata. Si me das X cantidad de plata los arreglamos." Y los arreglan independientemente de la calidad y la existencia de las lesiones, porque le tienen miedo al juicio. Tienen miedo de perderlo, o de ganarlo. Si lo ganan, tienen que pagar. Una de las partes no confía en el sistema judicial y termina haciendo arreglos que nosotros cuestionamos severamente", asegura Gonzalez Gaviola.