Francisco Salgado Valladares fue capturado por efectivos de la Policía Federal y de la fiscalía general en Cuernavaca, Morelos (centro), cuando presuntamente se dirigía a una reunión familiar, dijo la secretaría de Gobernación en un comunicado.
Al momento de su detención, Salgado, de 41 años, circulaba en un carro sin matrícula y llevaba cartuchos para fusil AK-74.
"El detenido es señalado por presuntamente haber participado en la detención y entrega de los estudiantes a miembros de la delincuencia organizada", precisa el texto, que asegura que fue él quien ordenó la entrega de unos 13 estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que presuntamente acabó masacrando a los 43 jóvenes.
Salgado Valladares cobraba unos u$s40.000 mensuales de los narcotraficantes "a cambio de prestar protección institucional"
El ex funcionario era uno de los prófugos más buscados por este crimen que estremeció a México y la comunidad internacional y, según el gobierno, se mantuvo oculto durante todo este tiempo en casas de sus familiares en Guerrero y Morelos, a quienes los investigadores siguieron de cerca.
La secretaría también dice que Salgado Valladares, que tiene dos averiguaciones previas por delitos como delincuencia organizada y secuestro, cobraba unos 40.000 dólares mensuales de los narcotraficantes "a cambio de prestar protección institucional".
El ex mando policial se encuentra ahora a disposición de la fiscalía general.
De acuerdo con la investigación de esta dependencia, los estudiantes fueron atacados por decisión del alcalde de Iguala que temía que los chicos boicotearan un acto público de su mujer.
La pareja, acusada de trabajar para Guerreros Unidos, fue capturada en noviembre pero Felipe Flores, el entonces director de Seguridad Pública de Iguala y superior de Salgado Valladares, sigue en paradero desconocido, además de otros narcotraficantes supuestamente implicados.
La fiscalía afirmó que los sicarios de Guerreros Unidos masacraron a los estudiantes por creer que entre ellos habían infiltrados de Los Rojos, un cártel rival, e incineraron los cuerpos de los jóvenes en un basurero cercano para luego arrojar los restos a un río.
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Sin embargo, las familias de las víctimas y ONG internacionales como Human Rights Watch se resisten a creer esta versión, sustentada en los testimonios del centenar de detenidos -entre policías, narcotraficantes y funcionarios- y pruebas recogidas en el terreno.
Por ahora, sólo los restos de uno de los jóvenes pudieron ser identificados por exámenes de ADN en un prestigioso laboratorio de Austria.
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