La jueza de Instrucción Fabiana Palmaghini había determinado en marzo pasado que un juez federal debía ser quien investigara la relación entre autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y la barra brava de River, conocida como "Los Borrachos del Tablón".
La jueza había tomado esa determinación luego de que Ariel Calvisi un barra de River, enfrentado con la conducción de "Los Borrachos del Tablón" (LBDT) denunciara en su indagatoria del 2 de marzo pasado la relación entre quienes mandan en la barra de River y las autoridades nacionales del área de seguridad.
El contenido de la indagatoria de Calvisi fue expuesto cuando la jueza lo procesó por haber golpeado a barras de la conducción oficial de la hinchada de River en noviembre de 2014 dentro de la confitería del club. Ante Palmaghini, Calvisi relató que "en una oportunidad Martín Alberto Araujo, Héctor Guillermo Godoy y Gustavo Carlos Luzzi (integrantes de LBDT) fueron encontrados en el interior del Club Atlético River Plate con armas, varios teléfonos celulares y alrededor de trescientos carnets, por lo que fueron detenidos. Ante ello, Matías Goñi (también de LBDT) se habría comunicado con Diego Rodríguez, hermano de la Ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, y a las pocas horas, los nombrados fueron liberados e inmediatamente retornaron al Club Atlético River Plate. Agregó Calvisi que escuchó hablar a Goñi con Diego Rodríguez, al que le exigió que su hermana se hiciera cargo de la situación. Al respecto, destacó que los nexos entre la barra brava y el Ministerio de Seguridad de la Nación no se reducen únicamente a su actual titular (María Cecilia Rodríguez), sino que también existe una estrecha relación con Darío Ruiz, miembro de la Secretaría de ese Ministerio, a cargo de Sergio Berni".
Quedaron señalados Berni, el secretario de Seguridad que ejerce como Ministro, Rodríguez, quien ocupa formalmente el cargo de Ministro, y Ruiz, el subsecretario que se ocupa del área relacionada con el fútbol.
Según Palmaghini, lo denunciado por Calvisi respecto de connivencia entre la Policía Federal, las autoridades del Ministerio de Seguridad y la barra de River debía pasar a la justicia federal porque hay funcionarios involucrados en un posible delito de encubrimiento. Pero el fiscal del caso, José María Campagnoli, apeló esa decisión. Sostuvo que el traslado a la justicia federal era prematuro y que la investigación estaba en los primeros pasos, que antes debían concretarse medidas solicitadas en el expediente. Los integrantes de la Sala IV de la Cámara del Crimen Carlos Alberto González y Rodolfo Pociello Argerich le dieron la razón.
Los camaristas, en un fallo al que accedió Infobae, señalaron que "... en la medida en que la investigación es incipiente y, consecuentemente, no es posible afirmar que tales acontecimientos guarden relación con cuestiones de naturaleza federal, siendo que al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que en los casos que involucran a un funcionario público, la competencia del fueron de excepción se halla justificada cuando los hechos aparecen vinculados al desempeño de sus funciones. De otro lado, la sola circunstancia que la imputación se dirija contra miembros de la Policía Federal Argentina no habilita per se la competencia del fuero de excepción, puesto que si bien reviste el carácter de organismo federal, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumple también funciones de carácter local. Coincidimos con la fiscalía en cuanto a que, de momento no existen motivos que impongan la declinatoria de competencia respecto de los hechos denunciados por Ariel Calvisi al prestar indagatoria, y en los cuales se encontrarían involucrados personal de la Comisaría 51 de la Policía Federal Argentina y autoridades de Ministerio de Seguridad de la Nación".
Por ahora la investigación sigue en manos de Palmaghini y Campagnoli. Con el paso del tiempo se sabrá si tiene que intervenir o no un juez federal.