A diferencia de lo que ocurrió en otras ocasiones, esta vez la noticia no tiene que ver con un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el sector industrial. En esta ocasión la novedad es que el oficialismo y la dirigencia empresaria coinciden en ponerle un tope del 25% de aumento a la negociación salarial.
"Estoy totalmente de acuerdo con ese máximo, es sólido para evitar que se disparen los precios", argumentó el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, en declaraciones a Perfil.
Con esa sencilla frase, el titular de la entidad que engloba sectores que negocian más de 800 convenios colectivos se mostró en línea con la intención del kirchnerismo, que está decidido a contener los reclamos de aumento para evitar que una fuerte suba salarial se traslade luego a los precios.
Esto quedó en evidencia cuando Armando Cavalieri, jefe del poderoso Sindicato de Empleados de Comercio, reveló que el Ministerio de Trabajo hizo naufragar el acuerdo de un incremento del 30% que había logrado tras una ardua negociación con empresarios del sector.
"Dicen que hay paritarias libres, pero eso no sucede. ¿Qué se tiene que meter el Gobierno si yo llegué a un trato con la cámara empresarial más grande del país? (Axel) Kicillof no convalida incrementos que superen el 24%", se quejó públicamente el jefe mercantil, que con esa queja pública dejó expuesta la existencia de un tope oficial.
Para Méndez, la postura gubernamental es razonable. "Hay que tener una mentalidad de sacrificio compartida, porque hoy en el mercado internacional estamos afuera, no podemos competir, así como estamos, ni con otros países de Sudamérica ni de Centroamérica", argumentó el todavía titular de la central fabril.
Todo lo contrario piensan los representantes de los diferentes sindicatos que se encuentran en etapa de negociación paritaria y deben contener el malestar de sus afiliados.
"El Volcán Calbuco va a quedar hecho un poroto al lado de lo que se viene acá con los gremios", se sinceró en las últimas horas, con genuina preocupación, un vocero gremial de la CGT kirchnerista.
Lo cierto es que el Gobierno está decidido a no avalar reclamos que sobrepasen el 30% por ciento de aumento, como el de los 13 gremios incluidos en el convenio del complejo oleaginoso portuario agroexportador (COPA) que, vía la CGT regional San Lorenzo, paralizaron la actividad portuaria del Gran Rosario.
Hay aires de conflictividad: los bancarios llamaron a una huelga para mediados de mayo. La UOM de Antonio Caló también promete luchar; con los mecánicos del SMATA, los aceiteros y los petroleros pasa algo parecido. En tanto, los mercantiles evalúan realizar medidas de fuerza o ir a la Justicia.