"Intentar cambiar la mayoría de la Corte Suprema siempre desprestigia al Presidente"

La posibilidad de que el gobierno nacional envié un proyecto para ampliar el número de jueces de la Corte Suprema llevó hasta que el propio presidente del máximo tribunal de Justicia se exprese al respecto. Aunque aclaró que no puede dar "definiciones concretas u opiniones particulares", Ricardo Lorenzetti dejó bien en claro su posición: "La experiencia demuestra que es necesario tener cierta estabilidad en el número, que no cambie de acuerdo con las circunstancias y mucho menos que cambie con la finalidad de alterar las mayorías, que fue muy perjudicial en su momento".

Como adelantó Infobae hace dos semanas, el oficialismo baraja la posibilidad de llevar de 5 a 9 el número de jueces de la Corte Suprema si este miércoles no consigue aprobar el pliego de Roberto Carlés. La fuerza de esa versión hizo que el propio titular del máximo tribunal de Justicia se expresase al respecto.

Lorenzetti recordó que "la Corte Suprema argentina tuvo cinco miembros durante la mayor parte del tiempo de su existencia". "La experiencia política indica que cada vez que el Congreso modificó el número de jueces, lo hizo para cambiar la mayoría del tribunal", advirtió.

"Y cada vez que se hizo esa maniobra, siempre redundó en desprestigio para el Presidente y para la propia Corte", agregó luego.

A continuación pasó a recordar los efectos que tuvo la ampliación impulsada por Carlos Menem: "Fue ampliamente criticada por toda la comunidad académica de entonces –entre los que me encontraba–, por la propia Corte que emitió una acordada, y por la mayoría del sistema político".

"La experiencia política indica que cada vez que el Congreso modificó el número de jueces, lo hizo para cambiar la mayoría del tribunal"

El titular del Poder Judicial indicó que, en su momento, la propia presidente Cristina Kirchner no sólo criticó la reforma menemista, sino que incluso fue la autora de un proyecto de ley para que se regresase al número original de jueces. "La senadora Kirchner presentó un proyecto muy fundado sobre la necesidad de volver a cinco miembros, que fue apoyado por todo el Congreso y celebrado como una reivindicación por toda la comunidad, y éste es el sistema vigente", apuntó.

En los reportajes que concedió a los diarios Clarín, La Nación y Página 12, el presidente de la Corte Suprema habló también de la candidatura de Roberto Carlés para ocupar el puesto que dejó vacante el juez Eugenio Raúl Zaffaroni. "Los jueces de la Corte no podemos opinar del candidato que propone la Presidenta. Es el Senado el que tiene esa atribución. Y así como nosotros reclamamos que los otros poderes respeten la independencia de los jueces, nosotros no podemos opinar", se excusó.

Consultado sobre por qué evitaba expresarse sobre tantas cuestiones, Lorenzetti argumentó: "No puedo opinar como ciudadano. Opino como presidente de la Corte. Si fuera ciudadano o estuviera lanzado a una carrera política diría muchas cosas que hoy no puedo decir. Como presidente de la Corte, los jueces en general vemos marchas en un sentido, en otro, ahora mismo aquí abajo hay una marcha de jubilados. Yo no puedo opinar. No es nuestra función". Pero ante quienes sugieren que podría buscar una candidatura en algún momento del futuro, advirtió: "No, nunca lo pensé, y mi función está acá en la Corte Suprema".

Ante las versiones de que él prefería que ese puesto quedase vacante hasta que asumiera el sucesor de Cristina Kirchner, aclaró: "La Corte tiene una vacante, el procedimiento constitucional es que la Presidenta nomine y el Senado lo trate. Si lo trata y lo cube, está bien, y si no, es una decisión del Senado. Nuestra responsabilidad es que la Corte funcione". Luego, aclaró que es "obvio" que el tribunal funcionaría mejor con todos sus miembros.

"Si fuera ciudadano o estuviera lanzado a una carrera política diría muchas cosas que hoy no puedo decir"

A continuación, los párrafos más destacados de las entrevistas:

Conjueces afines al oficialismo para ocupar un lugar en la Corte Suprema: "Hasta ahora se ha utilizado la recurrencia a presidentes de cámaras federales caso por caso, y en cuanto a la lista de conjueces de la Corte últimamente aprobada, no podemos adelantar opinión porque está planteada su inconstitucionalidad ante nuestro tribunal".

La marcha del #18F: "No eran miembros del Poder Judicial. El Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder, no es del Poder Judicial. Los jueces no están para eso. Creo que no han ido. Salvo la Asociación de Magistrados".

Los pedidos para que un penalista ocupe el lugar de Zaffaroni en la Corte: "No hay necesidad de especialistas. La especialidad es lo que se pierde en la Corte. Y en materia penal hoy hay dos cámaras de Casación, con lo cual la función de la Corte se ha ido achicando mucho. Lo que importa es que sea un buen jurista. La visión tiene que ser general".

Las tensiones con el Poder Ejecutivo: "No estamos en una crisis. No me molesta que la Presidenta diga una cosa y nosotros decimos otra. Forma parte de la vida democrática. No vemos una cuestión grave".

Sus dichos sobre la "cosa juzgada" en el atentado a la embajada de Israel: "Nadie entendió que uno va a decir cosa juzgada en sentido técnico, lo hace en un discurso que va a la gente, para que se entienda. Al mismo tiempo se publicó el comunicado, donde se dice que la causa no está cerrada, que hay muchas medidas. Ya dijimos que en sentido técnico no hay cosa juzgada y que no hay contradicción con lo que se dijo en la apertura del año judicial. Lo que sí es cierto es que la causa siguió sobre la base de lo que dice esa sentencia".

La nueva Agencia Federal de Inteligencia: "Hay que esperar a la implementación. En lo que hace al Poder Judicial, el tema más importante es la investigación criminal. Tenemos que tener una política de cooperación entre todos los poderes del Estado, no sólo de la Nación, sino en todas las provincias. Debe haber equipos de investigación, hay que trabajar en las fuerzas de seguridad. Hay que armar cuerpos especializados, con tecnología".

El traspaso de las escuchas a la procuradora Alejandra Gils Carbó: "No hemos tenido problemas con eso. Tiene que tener control judicial, dónde funciona se verá. El problema no es quién lo tiene sino cómo se organiza y cómo funciona. Y si tiene la tecnología adecuada, la transparencia y el control".

La demorada reforma del Código Penal: "Es hora de que nos pongamos de acuerdo en temas centrales porque la materia penal está muy dispersa. Prácticamente no hay Código Penal, hay que reestructurarlo".

La aplicación del nuevo Código Procesal Penal: "E s una tendencia generalizada trasladar las investigaciones a los fiscales y desde el punto de vista jurídico hay mucho consenso. El problema con estas cuestiones es la implementación. Se necesitan edificios, personal, tiempo y recursos. Hay que manejar las expectativas de la población. No es que sale una ley y ya está".