Ampliar la Corte Suprema, el "plan B" del Gobierno si no consigue los votos para Carlés

Falta poco más de una semana para que el Senado trate el pliego para que Roberto Carlés ocupe un puesto en la Corte Suprema y el kirchnerismo todavía no obtuvo los votos necesarios para aprobarlo. Pero tampoco se muestra muy interesado en conseguirlos: el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, ya tiene en carpeta un plan para ampliar el máximo tribunal de Justicia y paralizar su funcionamiento si la oposición no respalda la postulación del jurista de 33 años.

El propio papa Francisco está molesto con el gobierno nacional por haber incumplido su palabra. Según contaron a Infobae fuentes cercanas a las negociaciones, el Sumo Pontífice había acordado con Cristina Kirchner el nombre de Carlés en una conversación telefónica. En esa charla, la Presidente se comprometió a establecer un canal de diálogo con la oposición para lograr los dos tercios de los votos del Senado que necesita para aprobar el pliego.

El constitucionalista Gregorio Badeni aseguró a Infobae que se requiere una mayoría simple en ambas cámaras del Congreso para llevar el número de jueces de la Corte de cinco a nueve. Un número que el kirchnerismo en la práctica tiene asegurado. Reunir esos votos les sería mucho más sencillo que juntar los dos tercios del Senado necesarios para aprobar el pliego de Carlés. Por eso, ya nadie en el oficialismo pone mucho énfasis en conseguir nuevos respaldos para la votación del 8 de abril.

Enterado del "plan B" del Gobierno, Francisco le hizo saber a quienes lo visitaron en los últimos días que vería con buenos ojos el nombramiento de Carlés. Incluso se encargó de hacerle llegar ese mensaje a Mauricio Macri a través de un legislador que lo visitó la semana pasada. Fuentes de la Legislatura porteña señalaron a Infobae que podría tratarse de Victoria Morales Gorleri, una íntima amiga del Papa que en los últimos días viajó al Vaticano a visitarlo.

Zannini, cerebro de la maniobra, ya les anticipó a los suyos que pasará algo similar a lo que sucedió cuando postularon al síndico Daniel Reposo para ocupar el puesto de procurador general de la Nación: la primera propuesta (Carlés) será rechazada, pero luego lograrán imponer una alternativa mucho mejor para sus intereses, como en su momento fue la cuestionada Alejandra Gils Carbó. En este caso, el segundo movimiento sería la ampliación del número de magistrados.

El objetivo es lograr la virtual paralización de la Corte a través de la falta de consenso. Para cada fallo, el máximo tribunal debería lograr el acuerdo de al menos cinco jueces, en lugar de los tres que son necesarios en la actualidad.

Ese número sería imposible de alcanzar con los cuatro miembros que la Corte tiene hoy. Pero como el Gobierno no puede lograr los votos para designar ningún magistrado, los cinco lugares vacantes deberían ser ocupados por conjueces, el polémico mecanismo utilizado para llenar los puestos vacantes en distintos juzgados del país.

"Cuando son necesarios, los conjueces se sortean para cada caso en particular. Primero se hace el sorteo entre los conjueces naturales. Es decir, entre los presidentes de las cámaras federales del país. Si ellos se excusan, el sorteo se realiza entre los nombres que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el año pasado", explicó Badeni a Infobae.

Se refiere a la lista de conjueces afines que el oficialismo logró sancionar a mediados de 2014. Ellos son León Arlsanian, Tomás Hutchinson, Ernesto Marcer, Héctor García Cuerva, Arístides Corti, Carlos Cárcova, Walter Huggias, Gustavo Ferreira, Ricardo Nissen y José Chirico. Con su respaldo, el kirchnerismo lograría bloquear el funcionamiento del tribunal o incluso sacar fallos que lo favorecieran. "Ese fue el plan desde que se aprobó la lista", aseguró a Infobae un dirigente que participó de las conversaciones.

Ante ese panorama, algunos senadores de la oposición reconocieron que para evitarlo preferirían que Carlés sea nombrado en la Corte Suprema. Al menos por ahora, todos se mantienen leales al documento que firmaron el año pasado para comprometerse a no aprobar ningún candidato del Gobierno.