Los 10 países de América en los que menos se confía en la Justicia

Paraguay es el país de América con menor confianza ciudadana en el sistema judicial, según la última edición del Barómetro de las Américas, que realiza el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Los encuestados le otorgan un puntaje medio de 32,7 sobre 100.

El segundo peor ubicado es Perú, con 35,5, y el tercero es Ecuador, con 38,6. Luego vienen Haití (39,6), Bolivia (40,4), Argentina (41,1), Venezuela (41,9), Trinidad y Tobago (42,6), Chile (44,1), Guatemala (44,4).

El rasgo común en la mayoría de estos países es la debilidad institucional. En casi todos primó en las últimas décadas la inestabilidad política, marcada por cambios bruscos entre un gobierno y otro, y por interrupciones abruptas de los mandatos presidenciales.

El otro rasgo común en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, es la emergencia de gobiernos con altos niveles de popularidad y muchas ambiciones de poder, que intentaron avanzar sobre el control del Poder Judicial.

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La gran excepción a esta regla es Chile, que se distingue en la región por la estabilidad institucional que logró mantener desde el regreso de la democracia, en 1990. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para garantizar un acceso justo e igualitario a la justicia, lo que desgastó la confianza de la gente en su funcionamiento.

El país de América en el que más se confía en el sistema judicial es Canadá, con 58,3 puntos. Segundo está Uruguay, con 54,1; tercero Costa Rica, con 53; y cuarto Estados Unidos, con 52,3.

Es lógico. Los cuatro tienen democracias consolidadas, con sistemas de partidos que funcionan y que están vigentes desde hace muchos años, y con un compromiso institucional de defender la división de poderes.

Completan la lista de los diez primeros Belice (50,8), Colombia (50,5), Guyana (50), El Salvador (49,3), México (48,4) y Panamá (47,2).

¿Qué pasa cuando no hay confianza en la justicia?

"El posicionamiento en este ranking coincide con el nivel de consolidación democrática que tienen los países, y que también reflejan otras mediciones, como las de Freedom House, Polity o The Economist. En Canadá, Costa Rica, Uruguay y Estados Unidos hay un sistema de justicia más avanzado y afirmado que en otros lugares que, generalmente, han tenido problemas con el estado de derecho", explica Jorge Daniel Montalvo, gerente de programas de LAPOP, en diálogo con Infobae.

"Los problemas más fuertes por los que atraviesa Latinoamérica son la delincuencia, la violencia y la corrupción. Todos ellos están vinculados de un modo u otro con la administración de justicia", agrega.

Por eso, no debería llamar la atención que los países con menores niveles de confianza en el sistema judicial se encuentren entre los de mayores niveles de victimización por corrupción, según revela el propio Barómetro en otro de sus segmentos.

Si se ven las estadísticas de victimización por delincuencia ocurre lo mismo. Perú, Ecuador, Venezuela y Argentina están entre los más complicados. Y también afrontan altos niveles de desconfianza ciudadana en la justicia.

"Llevando un poco más a fondo el análisis -dice Montalvo-, uno podría decir que las instituciones no están funcionando bien en esos casos. Ecuador es un claro ejemplo. En los últimos años ha habido muchos cambios institucionales. Pero no se trata de inventar nuevas instituciones, sino de hacer cumplir las normas que se han establecido".

No es casual que en las naciones mejor ubicadas no suelan estallar grandes escándalos de corrupción estatal. Pocas cosas esmerilan tanto la confianza ciudadana en las instituciones.

"Hay pocas señales de agujeros, no suelen aparecer grandes fracasos del sistema judicial, que funciona de forma prolija. Tienen instituciones de mucha tradición, que han mantenido sin fluctuaciones sus servicios, a los cuales los ciudadanos se han acomodado adecuadamente", dice Carlos Gregorio de Gràcia, doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires, consultado por Infobae.

"En otros países hay grandes casos de corrupción, y en muchos de ellos no se llega a nada. También hay demoras crónicas que llegan mucho a la prensa", agrega.

Si bien algunos minimizan el problema de que los ciudadanos no confíen en la justicia de su país, es algo que acarrea serias consecuencias para la vida social. "Una es que se creen entidades no estatales, paralelas, para resolver los problemas. Hemos visto ciudades en las que, en ciertos barrios, se establecen sistemas comunitarios de vigilancia, con alarmas propias que se activan en caso de robos, y donde si logran atrapar al presunto delincuente, lamentablemente, lo linchan", dice Montalvo.

"Así -continúa-, los propios ciudadanos empiezan a violar las leyes y los derechos humanos. Es un círculo vicioso, porque esto hace que se debilite todavía más el sistema judicial".

A pesar de todo, De Gràcia sostiene que hay que tener cautela en el análisis de este tipo de encuestas, ya que pueden estar influidas por otros factores. "Cualquiera de estos indicadores tienen que ser interpretados con cuidado.

. Algunos son muy autocríticos, como Argentina, y en otros hay una campaña de publicidad internacional para que figure como un paraíso".