Los países que más redujeron la corrupción en América Latina

De las 16 naciones de la región evaluadas por Transparencia Internacional entre 1998 y 2004, 7 mejoraron sus índices, 5 permanecieron estancadas y 4 retrocedieron

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Uruguay es el país que más avanzó en el combate a la corrupción en los últimos 16 años. En 1998 sumaba 4,3 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el que 0 es corrupción absoluta, y 10, nula. Entonces era ampliamente superado por Chile, y tenía también por encima a Costa Rica y a Perú.

Tras años de una mejoría sostenida, en 2014 subió tres puntos, hasta 7,3. Así igualó a Chile al tope de la transparencia en América Latina.

El segundo que más avanzó en el período fue Colombia. En 1998 tenía un nivel de apenas 2,2, que lo ubicaba como el más corrupto después de Paraguay, con 1,5. Hacia 2014 logró crecer 1,5 puntos. Con un índice de 3,7, ahora está séptimo entre los 16 países latinoamericanos con datos en todos esos años.

Otros cinco países mejoraron su evaluación medio punto o más fueron Honduras (1,2), Ecuador (1), Paraguay (0,9), Bolivia (0,7) y Chile (0,5).

Los que involucionaron fueron Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Perú

También son cinco los que se mantuvieron estancados, con variaciones inferiores a medio punto: Argentina (0,4), Brasil (0,3), El Salvador (0,3), México (0,2) y Guatemala (0,1).

Los que involucionaron en el período fueron cuatro: Costa Rica (-0,2), Nicaragua (-0,2), Venezuela (-0,4) y Perú (-0,7).

Lo de Costa Rica es una luz de alerta, aunque aún no es algo del todo preocupante, ya que se mantiene como el tercero con menor corrupción en la región, con 5,4.

Sí son preocupantes los otros casos. Nicaragua ya estaba entre los peores en 1998, y al retroceder bajó hasta el puesto 14.

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Todavía más difícil es lo de Venezuela, que ya tenía serios problemas en 1998, pero desde la llegada del chavismo, en 1999, no hizo más que empeorar. Hoy está cómodamente en el último puesto, con un 1,9 que lo sitúa entre los de mayor corrupción en el planeta.

Lo de Perú también es grave. La caída de casi un punto lo hizo bajar desde el tercer lugar en el que se encontraba al comienzo, hasta el sexto en el que está ahora.

"Hemos visto un estancamiento en materia de corrupción en América Latina. A excepción de países como Bolivia y Ecuador, que sí han avanzado un poco, y de la mejora permanente de Uruguay y Chile. Pero los cambios no son muy distantes entre unos países y otros, y el parámetro de la región es bastante bajo", explica a Infobae el politólogo Jahir Dabroy, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

"Los logros han sido mínimos, porque la clase política no tiene el ideal de la lucha contra la corrupción", agrega.

"La clase política no tiene el ideal de la lucha contra la corrupción"

Para tener dimensión de lo grave que es este problema en América Latina es necesario comparar con otras regiones. Transparencia Internacional relevó 174 países en 2014. Ningún latinoamericano está entre los 20 mejores y apenas hay tres entre los 50: Chile y Uruguay (21º), y Costa Rica (47º). Otros cuatro están entre los primeros 100: Brasil (69º), El Salvador (80º), Perú (85º) y Colombia (94º).

"Hay países que vienen a la baja constantemente, como Venezuela, Haití, Paraguay, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Tienen índices de percepción de corrupción similares a los de naciones de África", dice Dabroy.

Honduras, Nicaragua y Paraguay están entre los 50 peores, y Venezuela está entre los 15, por debajo de Angola, Siria, Zimbabwe, Chad y Congo, entre otros.


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Los riesgos de la concentración de poder

"Los países con democracias más sólidas y tradicionales, como Colombia, Uruguay o Chile, luchan de mejor forma contra la corrupción, salvo excepciones históricas. La explicación resulta sencilla: la democracia se convierte culturalmente en una forma de vida, y los elementos propios de una lucha contra la corrupción, como vigilancia ciudadana, control público y sistema judicial, funcionan de mejor forma", dice a Infobae el abogado Xavier Zavala Egas, doctor en derecho por la Universidad Católica de Guayaquil y ex miembro de la Comisión Anticorrupción de Ecuador.

La única forma de prevenir la proliferación de estos delitos es evitar la concentración de poder. Cuando esto ocurre, "los problemas no son conocidos por la ciudadanía, la investigación o su procesamiento es abortado, y si llegan a procesarse judicialmente, las cortes tienden a la impunidad", dice Zavala Egas.

"Los países con democracias más sólidas la combaten de mejor forma"

Sólo cuando el poder está dividido y se lo reparten distintos organismos pueden existir los controles cruzados necesarios para que los funcionarios no cometan abusos. Este es un rasgo distintivo de los países mejor ubicados en los rankings de percepción. Dinamarca, primero con 9,2, es un ejemplo claro.

"La desconcentración en la toma de decisiones políticas y económicas es fundamental -dice Dabroy. Tienen una alta tasa impositiva, pero junto con un alto grado de rendición de cuentas. Los gobiernos están muy cerca de los ciudadanos, y sería impensable que gasten grandes cantidades de dinero sin que haya una discusión con la ciudadanía".

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"En países como Dinamarca, Finlandia y Noruega hay un involucramiento de las personas en el ejercicio de gobierno. Eso es algo que nos falta a nosotros, que tendemos a delegar todo en la clase política. Esto significa darle un cheque en blanco, lo que fomenta la corrupción", agrega.

Por eso, una de las claves para combatir los abusos de los funcionarios públicos es fortalecer los organismos de control intraestatal, y los mecanismos que permitan a los ciudadanos reforzar esos controles.

"Darle un cheque en blanco a la clase política fomenta la corrupción"

"Hay que generar cambios que le den participación directa a la población para fiscalizar el uso de los recursos públicos. También hay que reformar los sistemas de justicia, que a veces son muy débiles para castigar los hechos de corrupción", dice el politólogo guatemalteco.

El otro aspecto a fortalecer es la transparencia. Cuanto más accesible sea la información sobre la gestión pública, más fácil va a ser el control para instituciones y particulares.

"Darle seguimiento a un hecho concreto se vuelve mucho más fácil con el acceso a la información. Eso requiere

abrirle el camino a plataformas electrónicas que permitan ver cómo se ejecutan los fondos públicos"

, concluye Dabroy.