La Argentina sumará este martes otros u$s530 millones en default al no poder hacer frente al vencimiento de bonos Discount, por la vigencia de la sentencia del juez Thomas Griesa, que impide pagarles a acreedores reestructurados hasta que no se cumpla su fallo a favor de los holdouts.
La obligación que opera este martes es de intereses de Discount 2005, similar a la del 30 de junio, primer servicio de intereses de títulos que la Argentina no pudo atender por los fallos de la Justicia de los Estados Unidos.
De esta manera, el monto total de intereses a pagar ronda los u$s980 millones, pero unos u$s450 millones se podrán pagar porque corresponden a títulos con legislación argentina, segmento al que Griesa permitió abonarle.
El dinero que no puede procesarse corresponde a papeles que se rigen por legislación estadounidense, europea o japonesa, todos ellos afectados por los fallos del magistrado de Nueva York y ratificados por tribunales superiores.
En junio la Argentina depositó el dinero en la cuenta del Bank of New York Mellon en Buenos Aires y Griesa le ordenó a la institución bancaria que no gire el dinero a sus cuentas en Estados Unidos, con lo que eludió la decisión de tener que dictar un embargo.
El default técnico abarca a bonos Discount, Par y Global 17
Luego la Argentina sancionó la denominada Ley de Pago Soberano, que abrió cuentas en Buenos Aires para seguir realizando los depósitos de los distintos vencimientos que se produjeron en el segundo semestre del año.
También les ofreció a los bonistas cobrar en Buenos Aires, pero esta posibilidad no fue aceptada por ningún acreedor del país.
Ante esta serie de acciones, Griesa declaró al país en desacato, con relación a su fallo que favorece a holdouts en 1.330 millones de dólares.
Si se tiene en cuenta los vencimientos no atendidos en la segunda mitad del año (Bonos Par de septiembre y Global 17 en diciembre) y los intereses correspondientes, el denominado "default técnico" de la Argentina supera los 1.200 millones de dólares.
Tras este nuevo vencimiento, el miércoles 31 llegará el momento de la extinción de la denominada cláusula RUFO, que le impide a la Argentina ofrecerles a sus acreedores con títulos reestructurados mejores condiciones respecto de los canjes 2005 y 2010.
En los últimos días creció la expectativa acerca de si el Gobierno se sentará a negociar con los holdouts y luego si mostrará vocación para lograr un acuerdo o intentará ganar tiempo y entregar el poder en diciembre transfiriéndole la decisión a la nueva administración.
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