La polémica a partir de un fallo de la Justicia que benefició a un grupo de presos del penal de Ezeiza que reclamó el pago de vacaciones y aguinaldo sigue generando distintas opiniones. En diálogo con Tomás Bulat, por radio El Mundo, el abogado penalista y experto en temas del Servicio Penitenciario, Leandro Halperín, dio detalles sobre cómo funciona la Ley de Ejecución Penal y cuál es el rol de el Estado en cuanto a los presos que trabajan adentro de las cárceles y reciben un sueldo.
"La Ley dice que el Estado tiene que promover esas actividades, pero en la práctica no se cumple esto. El Estado es el principal obstáculo para la educación en un contexto de encierro y es el Estado el principal empleador en negro en las cárceles", señaló el experto. Explicó, asimismo, cómo la legislación establece el destino del salario de los presos, aunque aclaró que en muchas oportunidades no se cumple.
"Los presos están inhibidos en principio de manejar dinero. Por lo tanto el trabajo de los presos va a una cuenta que administra el Servicio Penitenciario. Una cuenta creada por el Ente Cooperador Penitenciario, que es un organismo autártico que fue creado en principio para el trabajo en contexto de encierro y hacer, por ejemplo, contratos con empresas privadas.
", detalló.
Según especificó, el 10% debería ser destinado a la víctima, un 25% debería quedar para el Estado en concepto de gastos de alojamiento y comida, un 35% debería ir a la familia en concepto de alimentos y el resto en un fondo para cuando salga o mientras está en la cárcel para comprar distintas cosas. "Las leyes en Argentina en general establecen un estándar que el Estado no cumple nunca y en materia de política penitenciaria la hipocresía va más allá. En las cárceles las leyes en el medio de trabajo y de educación son iguales que en el medio libre", aclaró el abogado.
A partir de que el Estado no cumplió con lo que dice la Ley fue que el grupo de presos del penal de Ezeiza reclamó ante la Justicia. "El estado no garantizaba esto y por eso hubo un habeas corpus que presentan las personas privadas de libertad cuando ven vulneradas sus condiciones. Como les pagan en negro, le pidieron el Servicio penitenciario y la Ministerio de Trabajo, pero les dijeron que no. Fueron a la Justicia y ahí dijeron que el Estado no podía violar la ley en ningún momento y tampoco en una cárcel y le ordena pagar en blanco", contó.