La Inspección General de Justicia (IGJ) quedó en la mira luego de que la Justicia encontrara esta semana en sus oficinas documentos irregulares de Hotesur SA, la empresa que administra el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner.
En esa dependencia, los funcionarios enviados por el juez Claudio Bonadio encontraron que el último balance de la empresa corresponde al año 2010.Pero esa no es la única de sus irregularidades: el documento es una fotocopia del supuesto original, no tiene las firmas ni certificaciones que ordena la ley y figura que fue aprobado en un domicilio fantasma, en el que la empresa declaró que no trabajaba hacía más de un año.
La IGJ depende del Ministerio de Justicia y es conducida por el camporista Rodolfo Tailhade. Aunque su rol es el de controlar a las empresas de todo el país, las numerosas anomalías sugieren que no lo hizo con la compañía que la familia presidencial utiliza para administrar el hotel Alto Calafate.
El viernes, en su conferencia de prensa diaria, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había asegurado que "Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria". Los resultados de las pesquisas judiciales sugieren lo contrario, según las evidencias publicadas este domingo por los diarios Clarín y La Nación.
Las lagunas en los papeles encontrados son numerosas. Los últimos balances de Hotesur que figuran en los archivos de la IGJ corresponden a 2009 y 2010. Aunque es un requisito exigido por la ley, ninguno de los dos fue presentado con las de sus autoridades o un contador. Además, ambos documentos fueron entregados en formato Word o Excel, algo rechazado por las normativas vigentes porque permite su manipulación con facildiad.
El último balance corresponde a 2010, pero fue complementado con el acta de una presunta asamblea que se realizó en 2011 para aprobar los números del año anterior. Los papeles fueron presentados en abril de 2012 con los plazos vencidos luego de una intimación de la IGJ. En esa asamblea habría participado el propio Máximo Kirchner.
Pero una anomalía más surge de la lectura de ese documento: como sede del encuentro quedó consignado el departamento 4ºA de la calle Lavalle 975, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero esa dirección había dejado de ser el domicilio de la empresa hacía más de un año, según declaró un abogado que declara esa oficina como propia hace cuatro años.
Si esa irregularidad es comprobada por la Justicia, se comprobará que la empresa que Cristina Kirchner declara como propia incumplió con las leyes no sólo al omitir inscribir el cambio de sede social, sino que incluso habría declarado un domicilio falso al presentar su balance 2010.
Según consigna La Nación, la IGJ confirmó esa anomalía cuando intimó en 2013 a que Hotesur pagara las tasas que debe desde 2009 y presentase los balances atrasados de los años 2011 y 2012. Ese reclamo fue notificado a través de una carta documento que fue devuelta porque en el domicilio de la calle Lavalle ya no funcionaba Hotesur SA.
Entonces, la IGJ no ordenó la inspección regular que se utiliza en esos casos para verificar la verdadera dirección de la compañía. De haberlo hecho, podría haber solicitado que se anulara la personería judicial de la empresa por sus reiteradas infracciones. La Justicia deberá ahora definir las responsabilidades de cada una de las partes en la investigación.
Desmentida
A través de un comunicado, Hotesur dijo que la "sociedad ha dado cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas" en los periodos señalados por la investigación.
Agregó que cumplió "inclusive, a la fecha, el pago anticipado del impuesto a las ganancias del año 2014. En pocas palabras, Hotesur SA no adeuda impuestos a la AFIP".
Asimismo, el texto señala: "Estamos en un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable ante IGJ de los períodos 2011, 2012 y 2013, aclarando también que dicha documentación fue presentada en tiempo y forma ante otro organismo del estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI. Inclusive con copias de nuestros estados contables auditados, certificados y legalizados".
La empresa calificó de "operación mediática-judicial" la investigación del juez Claudio Bonadio, a quien cuestionó por sus "múltiples denuncias" ante el Consejo de la Magistratura. Además, explicó que "está en trámite" el cambio de domicilio legal desde la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Santa Cruz.
La compañía admitió "la demora en la formalización de trámites administrativos" de la firma, pero consideró una "actitud desmedida de un juez federal" hacer "allanar dos organismos del estado por este supuesto incumplimiento".
Y finaliza: "No hay una maniobra de ocultamiento de nuestra situación económica y financiera toda vez que si hubiera existido la misma entonces no se habrían presentado en ningún organismo, cosa que no fue así".
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