El proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación presentado por el Poder Ejecutivo en el Senado, esconde un intento de avance del oficialismo sobre los tribunales, según denunciaron fuentes judiciales.
Camuflado en la reforma, que tiene entre sus principales objetivos lograr una mayor eficiencia y celeridad del proceso penal, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, podrá crear nuevas fiscalías generales ante las cámaras de apelaciones que tienen más de una sala. Esto implica la colocación de un nuevo fiscal general a la par del ya existente sin que esté claro en qué casos intervendrá cada uno de ellos.
Según señala el diario Clarín, en las 17 nuevas fiscalías se podrá nombrar más de 16 mil empleados. Las fuentes judiciales y políticas creen que detrás de eso hay una suerte de "fuerza de tareas" oficialista.
"Es una búsqueda de cobertura legal para los mamarrachos que ya hizo y hace Gils Carbó", expresó el senador radical chubutense Mario Cimadevilla, saliente miembro del Consejo de la Magistratura.
Cabe recordar que Gils Carbó está denunciada penalmente por el senador por presuntas irregularidades en la designación de personas que no tenían el acuerdo del Senado para ser fiscales. El caso emblemático es el de Carlos Gonella, titular de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).
El anexo del proyecto remitido a la Cámara alta propone la creación de una fiscalía general nueva que se agrega a las ya existentes en las cámaras federales de apelaciones de Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, San Martín, Tucumán y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.
También se agregan dos fiscalías generales a las ya existentes ante la Cámara Federal penal porteña y la de La Plata, además de dos nuevas a las tres ya existentes en el fuero penal ordinario de la Capital Federal y tres para la aún sin funciones Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que atenderá los casos ordinarios y no federales.
El proyecto dispone además la creación de 20 defensorías oficiales, muchas de ellas están aún por crearse, con lo que se descuenta que pasará tiempo hasta su implementación total.
Según el artículo 2 del anexo 2 del proyecto, el grueso de los nombramientos se dará en los cargos de secretarios y empleados. "Créanse dos cargos de secretario, dos cargos de prosecretario administrativo relator, dos cargos de escribiente y un cargo de jefe de despacho relator con funciones de secretario privado para todas las fiscalías nacionales y federales de primera instancia con competencia penal de todo el país". La suma da más de 1.600 cargos.
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