La Justicia penal imputó a los directivos de Donnelley

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El fiscal Patricio Evers se presentó ante el juez federal Daniel Rafecas e impulsó una acción penal contra los ejecutivos de la fábrica Donnelley, luego de su cierre en agosto y ser acusada por la AFIP por quiebra fraudulenta.

Además de la imputación, Evers solicitó al organismo recaudador la remisión de la información patrimonial que surge de las declaraciones juradas de la empresa, y elevó la consulta a la Inspección General de Justicia (IGJ) por los datos de los responsables de la imprenta norteamericana, consignaron fuentes estatales a Infobae.

El fiscal también le requirió al Banco Central que informe el estado de las cuentas bancarias de la compañía, ordenó un peritaje contable, y planteó al Juzgado Nacional en lo Comercial N°19 que certifique el estado de la causa.

El conflicto con la imprenta Donnelley se inició el 9 de agosto pasado, cuando una asamblea extraordinaria de accionistas resolvió presentar su propia quiebra. Tan sólo 48 horas después, el juez Gerardo Santicchia, del juzgado N°19, decreta la bancarrota de la firma en tiempo récord.

Luego de tres días, la AFIP impugnó la quiebra por considerarla fraudulenta y requirió que se decrete la continuidad de la explotación. En la misma acción, imputó a los directivos de la multinacional ante la justicia penal.

El fisco apoyó sus argumentos al percibir en los balances de la compañía que, al 31 de diciembre del año pasado, la liquidez era de casi u$s600 millones superior al ejercicio anterior. Además, se verificó un patrimonio neto positivo, al detectar un activo de $180 millones mientras el pasivo era de $140 millones. Los números, que alimentan la hipótesis de que la imprenta era robusta económicamente, arrojaron también ganancias reservadas de $20.200.000 para futura distribución de dividendos.

El intempestivo cierre de Donnelley por parte de sus gestores llevó a que los trabajadores tomen por la fuerza la planta ubicada en la localidad de Garín, partido de Escobar, para preservar las fuentes laborales. El juez Santicchia le dio el aval jurídico a la ocupación y dispuso que la fábrica continúe siendo operada bajo la modalidad de cooperativa, a la que los empleados la bautizaron como "MadyGraf".

Actualmente, la causa está radicada en el juzgado federal Nº3, fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°12.

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