El Gobierno anticipó el festejo anticipado de la Navidad. Desde el año pasado, esta festividad comienza a celebrarse a partir de noviembre en Venezuela, un mes antes de lo habitual en el resto del mundo. Y ahora, decidió comenzar incluso antes, en la última semana de octubre.
La Navidad es para Maduro una excusa para incentivar el alicaído consumo en un país que enfrenta una recesión cada vez más profunda. Por eso, el objetivo central del Gobierno bolivariano en los próximos días será garantizar que no suban aún más los precios en el país con la mayor inflación del planeta.
La Superintendencia de Precios Justos (Sundde), a cargo de Andrés Eloy Méndez, reclutó a 27.000 "inspectores populares", 516 "círculos de lucha", 700 "fiscales populares" y más de 500 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para realizar los controles.
"Vamos a recorrer todos los centros comerciales y bulevares donde la gente compra sus juguetes, artículos navideños, electrodomésticos, calzado y textiles que muchas veces son objeto de usura y especulación en estos meses decembrinos", afirmó Méndez, citado por El Nacional.
"Los empresarios que incurran en el incumplimiento de lo establecido en la Ley de Precios Justos serán sancionados con rango, valor y fuerza de dicha ley", agregó.
Los comerciantes están aterrados y saben que, para ellos, estas navidades tendrán poco de felices. A todos les quedó marcado a fuego el recuerdo de las festividades de 2013, cuando el Gobierno volcó en las calles todo su poder de policía para ocupar las tiendas con precios por encima de los exigidos, vender todos los productos al costo y encarcelar a sus dueños, en lo que se conoció como "Dakazo".
Más de 80.000 tiendas tuvieron que cerrar sus puertas luego de lo ocurrido, ya que no pudieron recuperar las inversiones realizadas. El director de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, dijo que temía que el escenario se repita, y que crezca el desabastecimiento.
"Este año las navidades serán muy modestas, hijas del 'Dakazo'. Hay 7 millones de familias con necesidades por satisfacer, pero con los bolsillos golpeados por la inflación, endeudados y con poca capacidad de compra", explicó Maldonado.
Las sanciones que establece la ley en caso de incumplimientos incluyen multas que pueden llegar a los 63.500 bolívares (10.000 dólares), el cierre o la ocupación temporal del establecimiento por 180 días, la confiscación de bienes y la revocatoria de permisos, licencias y autorizaciones, por ejemplo, para acceder a divisas.
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