Exclusivo: el fondo NML obtuvo una orden de un juez norteamericano para buscar activos de Lázaro Báez y de la familia Kirchner

Semanas atrás se conoció que el fondo Elliott Associates, controlante de NML, había puesto la mira sobre empresas del empresario Lázaro Báez a raíz de los supuestos vínculos que lo unen con la familia de los Kirchner. A través de la cláusula Discovery, buscaría rastrear los activos de esas compañías que, sospechadas de haberse valido de dinero público por métodos corruptos, se volverían plausibles de embargos.

Tras el peritaje que llevó adelante un equipo de expertos, este holdout se presentó ante la Justicia de Nevada para solicitar que le permita avanzar sobre el dinero de 123 "sociedades fantasma" que estarían relacionadas a Báez. Una corte de ese estado accedió ayer al pedido.

Con la investigación, NML -que reclama una suma superior a 1.600 millones de dólares- busca hacerse de $65 millones de dólares que habrían sido lavados a través de esas compañías provenientes de fondos malversados, según consta en el escrito al que accedió Infobae. ¿De dónde surge la cifra? De la investigación que inició en 2013 el fiscal José María Campagnoli y que derivaría en el jury que enfrenta.

"En la Argentina se inició una investigación denominada La Ruta del Dinero K sobre el ex presidente Néstor Kirchner, su esposa y actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner, su confidente Lázaro Báez y los asuntos financieros que lo relacionaban. Los tres presuntamente malversaron millones de pesos de proyectos públicos de infraestructura y lavaron las ganancias y otros fondos sustraídos a través de Panamá y varias corporaciones internacionales", sostiene la presentación.

El texto precisa que el monto involucrado fueron $65 millones de dólares y que las sociedades implicadas reportaban a una misma dirección Aldyne, Ltd., una corporación radicada en las Islas Seychelles. Las sociedades mencionadas por Campagnoli eran 150; de acuerdo con NML, las 123 que ahora puso contra las cuerdas serían parte de las investigadas por el fiscal ya que brindan el mismo domicilio.

"No hay dudas de que se trata de empresas fantasma. Y no hay duda de que las empresas fantasma son creadas con frecuencia para cometer fraudes", señaló.

La ruta del dinero que reconstruyó Campagnoli comprobó que los 65 millones de dólares salieron del país y volvieron blanqueados mediante la compra de bonos soberanos argentinos entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013. La suma fue depositada en las cuentas de Austral Construcciones, propiedad de Báez.

El fondo requirió documentación a esas sociedades para dar con sus titulares pero estas aseguraron que esa información no estaba disponible. Solicitó entonces que expliquen las razones, pero encontró una nueva negativa de las firmas, que sindicaron como apoderada a Leticia Montoya, una abogada residente en Panamá. Montoya aseguró que ninguna operaba a menos de 170 kilómetros de Las Vegas, de manera que entendía que no debía reportar a la corte en donde fue presentado el pedido.

El juez Cam Ferenbach concedió la totalidad de la petición de NML y ordenó una reunión entre sus representantes y los de las 123 corporaciones para abordar las cuestiones relativas a las certificaciones y depósitos de esas firmas. Estableció, además, que las partes deberán comparecer con un documento conjunto sobre el tema antes del 12 de septiembre.

Primera batalla

El avance de NML sobre estas empresas en búsqueda de activos posibles de embargos podrían ser acaso el primer paso de una estrategia mayor. Ocurre que en paralelo a las empresas sospechadas de pertenecer a Báez, el fondo puso su radar en otras firmas radicadas en el estado de Delaware, paraísos fiscales de Europa y el Caribe y las Seychelles. Y también en el acuerdo que YPF firmó con Chevron.

La estrategia tiene un precedente que lo favorece. Cuando mantuvo con el

una disputa similar a la que hoy lo enfrenta con Argentina, NML rastreó dinero ligado a la corrupción que comprometía al entonces presidente Sassou-Nguesso. Acorralado por las denuncias, el gobernante terminó por deponer su actitud intransigente y abonar la deuda que tenía el país: eran 90 millones de dólares, una cifra que comparada al litigio argentino parece hoy insignificante.