El miércoles vencerá el período de gracia que tenía Argentina para evitar entrar en default técnico, dado que no efectivizó el pago del vencimiento de intereses de la deuda a los bonistas reestructurados que operó el 30 de junio porque el juez Thomas Griesa ordenó devolver al país el dinero que el Gobierno había depositado para ese fin en las cuentas que el Banco de Nueva York Mellon (BONY) tiene en el Banco Central.
Los dos encuentros mantenidos la semana pasada por el equipo encabezado por el secretario de Finanzas, Pablo López, con el abogado Daniel Pollack, designado por Griesa como mediador en el conflicto, fueron infructuosos, ya que el juez no repuso el stay (medida cautelar) para destrabar ese pago.
El amparo que reclama el Poder Ejecutivo permite el pago a bonistas regulares y evita el default técnico, al dejar sin efecto momentáneamente el fallo de Griesa que ordenó abonarle a los holdouts 1.330 millones de dólares en un solo pago y en efectivo.
A sólo tres días de que venza ese plazo, se desconoce si el Ejecutivo enviará una comitiva a los EEUU para seguir la negociación. Trascendió que el ministro de Economía, Axel Kicillof, no viajará a Nueva York y mantendrá conversaciones telefónicas con Pollack.
En este contexto, referentes del oficialismo y la oposición discreparon sobre la magnitud del impacto que tendrá en la economía local si el país cae en default, aunque todos coincidieron en que no será tan trágico como en la cesación de pagos de 2002, en el marco de una crisis económica y social.
Por el lado oficial, el diputado Héctor Recalde relativizó las consecuencias de un eventual default al afirmar que "no va a tener consecuencias trágicas porque no estamos en el 2002, y el mercado interno va a seguir más o menos como en la actualidad, no va a haber alteraciones".
Explicó que "en enero recuperaremos ampliamente las posibilidades de negociación para que no nos apliquen la cláusula" Rufo (por sus siglas en inglés) que impide ofrecer a los holdouts en forma voluntaria un pago mejor que el recibido por bonistas que ingresaron al canje de deuda de 2005 y 2010.
En cambio, el presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio, advirtió que "lo que va a ocurrir es que los problemas con los cuales ya convivimos los argentinos desde hace mucho tiempo y que nos preocupan, la inseguridad, la inflación, el desempleo, la falta de dólares, se van a acrecentar", al tiempo que auguró que "también los últimos meses de transición de este gobierno van a ser menos relajados de lo que podría haber sido".
"Estamos muy sobre el filo, estamos jugando con mucho riesgo, porque no tenemos mucho tiempo. A esta altura, lo único que nos puede salvar del default es que los mismos fondos que hoy litigan contra la Argentina le pidan al juez que le permita pagar esto que vence a fin de este mes", estimó Frigerio.
El economista opinó en diálogo con radio Mitre que "hay alguna chance de eso" porque tampoco a los holdouts "les conviene que la Argentina entre en default".
Por su parte, el diputado nacional Hermes Binner consideró que el Gobierno ha llegado a esta instancia de conflicto con los holdouts porque "le ha dado poca importancia a los reclamos de la justicia de Nueva York", y remarcó que el default "es absolutamente negativo para el país".
"Es una situación donde presume que haya dificultades para la exportación, dificultades para la importación. Aun con las velas a media asta de la economía, espero que tengamos la gran posibilidad de seguir adelante y aspirar a tiempos mejores", expresó Binner.
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