El juez federal Norberto Oyarbide recibió una buena noticia: fue desvinculado en una de las causas en su contra. Se trata de una investigación por contrabando que se inició porque ingresó al país desde Uruguay un lujoso anillo sin declararlo.
Según trascendidos periodísticos, el juez habría ostentado la joya ante sus empleados del juzgado, a quienes les dijo que pagó 250.000 dólares. Pero una pericia fijó su valor entre 60.000 y 70.000 pesos.
Hubo dos denuncias en contra del juez. Una por cohecho porque Oyarbide dijo que compró la joya pagando con los regalos que le habían hecho en los últimos cinco años. Y otra por contrabando, porque nunca declaró la alhaja al ingresarla a la Argentina
Fuentes judiciales informaron a Infobae que en la causa por contrabando, Oyarbide fue sobreseído por el juez en lo penal económico Alejandro Catania. Incluso, la resolución no fue apelada y quedó firme.
En una resolución firmada en diciembre pero que se conoció en las últimas horas, Catania ordenó también que la Dirección General de Aduanas determine si se cometió una infracción.
El juez tuvo en cuenta que –según la pericia oficial- la joya tendría un valor que oscila entre los 60 y 70 mil pesos, y que no supera los 100 mil a partir del cual podría tratarse de un hecho de contrabando. No obstante, pidió que continúe la vía administrativa.
Mientras tanto, sigue en pie la causa por presunto cohecho. Si bien originalmente Oyarbide habría asegurado que compró ese anillo, en un descargo hecho tras las denuncias ante el Consejo de la Magistratura explicó que la joya la adquirió en consignación en la joyería Simonetta Orsini, por u$s7.500, en un local de Punta del Este.
Hasta el momento fueron dos las pericias que se realizaron para tasar la joya, y ambas concluyeron que tiene un valor de entre 60 y 70 mil pesos. El estudio lo realizó un experto del fuero en lo penal económico y también intervino otro de la Cámara Argentina de Joyeros, el profesional Gabriel Rabinovich.
Los peritajes y otras pruebas están en manos del juez federal Sergio Torres, quien tendrá que resolver si procesa o no a su colega.
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