Las líneas Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Roca quedarán bajo gestión de privados

Serán administradas por los grupos Roggio y Emepa, según determinó el Gobierno en el nuevo régimen de operación. Se disolvieron las unidades Ugofe y Ugoms. Randazzo explicó por qué se adoptó este esquema

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 Charly Díaz Azcué 162
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 Ministerio del Interior 162
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El Ministerio del Interior y Transporte decidió ceder la operación de las líneas Mitre y San Martín al grupo Roggio (controlante de Metrovías), mientras que Emepa tendrá a su cargo las líneas Belgrano Sur y Roca. Así surge de la resolución 41/2014 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Por ahora no se prevén cambios para la línea Sarmiento, que continuará bajo administración estatal.

El nuevo esquema dispuso que sean empresas individuales las que operen dichos servicios, a las cuales se les transfiere la responsabilidad por los servicios que prestan, hasta hoy por cuenta y orden del Estado Nacional, de acuerdo a las condiciones que se establecieron en los anexos difundidos hoy.

Los acuerdos se firmaron bajo un exigente sistema de control de las operaciones, que incluye sanciones económicas y hasta la rescisión de los contratos para los casos de las fallas más graves.

Las empresas deberán presentar un plan anual con detalles de la prestación, que tendrá que incluir datos sobre la frecuencia de los trenes, mantenimiento y limpieza de las estaciones. Ante incumplimiento de estas variables, que se medirán de forma mensual, se aplicarán multas que van desde el equivalente a 200 boletos hasta un máximo de 200 mil pasajes. Se tomará como medida el mínimo de $1,10 que rige con la tarjeta SUBE. De esta manera, las sanciones pueden llegar hasta los $220 mil.

Fundamentos

La cartera de Transporte hizo hincapié en la necesidad de "adecuar los acuerdos de operación" de esas líneas de tren "con el objeto de establecer reglas claras y acentuar el control y la responsabilidad del operador del servicio público ferroviario" a los efectos de "verificar el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo como núcleo principal la protección de los derechos de los usuarios, incluida la prestación de un servicio eficiente y seguro, y de los bienes estatales comprometidos, resguardando la transparencia en cualquier operatoria que haga a la fiscalización de la actividad de que se trate".


A juicio de las autoridades, la asignación de la operación de los trenes a una única empresa "permitirá una mayor homogeneidad de criterios entre sus directivos, lo que debería conducir a simplificar los procesos de toma de decisión internos y, en consecuencia, reducir los tiempos para la implementación de las acciones necesarias para la operación y mejora en la prestación del servicio".