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El fiscal Anticorrupción de España, Pedro Horrach, pedirá 17 años de prisión para el duque de Palma en el llamado "Caso Noós", una investigación por corrupción que ha puesto a la Casa Real ante una grave crisis. Según pudo saber el diario El País de Madrid, el funcionario pedirá que no se acuse a la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, al menos hasta que su nombre no figure en el texto final elaborado por el juez de la causa, José Castro.
Para el caso de Cristina, que el sábado 8 de septiembre se defendió durante 6 horas ante el magistrado, Horrach reclamará que pague 600.000 euros. Como era socia del 50% de la sociedad familiar Aizzonn, en la que su marido ingresó 1,7 millones de euros ilícitos, le competen cargos por "responsabilidad civil".
La lista de delitos que Horrach ha enumerado contra Urdangarin es larga: fraude a la Administración; falsedad; delito contra la Hacienda Pública; blanqueo de capitales; malversación de caudales públicos y prevaricación. Las penas por todos esos cargos pueden alcanzar hasta 130 años (en España, las penas son acumulables).
Un golpe a la imagen de la Corona
Tras meses de trabajo, el juez Castro fundamentó una imputación contra la Infanta, que hasta el momento se había mantenido al margen de los escándalos que afectaban a su marido. En un detallado auto de 227 páginas, el magistrado recordó a la monarquía española ya no es intocable.
A sus 76 años, y 38 de reinado, Juan Carlos ofrece la imagen de un rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones de cadera.
El deterioro de su imagen se inició hace dos años con el "caso Urdangarin" y se agravó con una costosa escapada real a Botswana para cazar elefantes en 2012, que sorprendió en una España golpeada por la crisis.
Hoy ya no es tabú hablar de una eventual abdicación en favor del príncipe Felipe, que encarna, a sus 46 años, la esperanza de la monarquía.
La casa real, afectada por el escándalo, quiere acabar cuanto antes con lo que su jefe, Rafael Spottorno, calificaba públicamente de "martirio".
"El caso Nóos ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que, al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa", explicaba Ana Romero, periodista del diario El Mundo que cubre a la familia real.
El juez se orientó hacia las sospechas de delito fiscal y blanqueo, que Cristina habría cometido a través de Aizóon, una sociedad que detenta al 50% con Urdangarin, y cuya caja supuestamente habría ingresado alrededor de un millón de euros del dinero público desviado por este último.
La contabilidad de Aizóon puso al descubierto, desde 2004, gastos para la renovación de la lujosa residencia familiar en Barcelona por valor de 436.703,87 euros, o gastos privados por 262.120,87 euros.
El juez Castro realizó un detallado inventario de todos esos gastos en un auto de 227 páginas lleno de referencias a facturas sospechosas.
"Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos,
concluía el juez.