El vicepresidente de la Nación, a href="http://www.infobae.com/personajes/amado-boudou-a117" rel="noopener noreferrer" Amado Boudou/a, aseguró que no participó de la gestión que permitió el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica que allanó el camino para su venta. En cambio, deslindó la responsabilidad en Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, también imputado en el caso y quien pidió que la Justicia resuelva su situación.
"El trámite de levantamiento de la quiebra, y posterior otorgamiento del plan de facilidades de pago de la empresa Ciccone Calcográfica S.A., fue producto de una decisión judicial, por un lado, y de las facultades discrecionales que posee el Administrador Federal de Ingresos Públicos", señaló en uno de los dos escritos que presentó ante el juez Ariel Lijo.
Una fuente de la AFIP aclaró, no obstante, que la entidad no tiene facultades para disponer el decreto de quiebra de ningún contribuyente, como así tampoco para otorgar el levantamiento de la misma. Debe hacerlo el juez, en este caso Javier Cosentino.
El jueves, al pedir las indagatorias, el fiscal Jorge Di Lello dijo que le llamó la atención que en 500 trámites similares de levantamientos de quiebras y otorgamientos de planes de facilidades de pago que otorgó la AFIP desde 2007 a hoy sólo en éste se le pidió opinión al ministerio de Economía.
Sobre el movimiento que despertó el interés de Di Lello, Boudou se defendió: "Mediante la nota de fecha 8 de noviembre de 2010, decliné la solicitud de intervención cursada por el organismo recaudador, y por tanto no emití opinión ni dictamen alguno, tanto respecto al levantamiento de la quiebra de Ciccone, como a la quita de intereses y plan de facilidades de pago solicitado por la fallida. Es decir, no participé del trámite".
En cuanto al pago, la misma fuente de AFIP indicó que no se otorgó ningún el plan que quería Ciccone, que contemplaba quita de intereses y multas, ya que excede sus facultades. Lo que dio fue un plan de pagos dentro de la facultades del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario.
En los textos a los que accedió Infobae, el vicepresidente negó que haya participado de encuentros con los anteriores dueños de Ciccone mientras se negociaba la venta de la empresa, tal como dio por acreditado Di Lello a raíz de la declaración de los testigos Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, también imputados por el fiscal.
"Señor Juez, jamás me reuní con el señor Guillermo Reinwick, tampoco con el señor Nicolás Tadeo Ciccone, o con alguno de los miembros de su familia o de su empresa. No tomé ningún café con ellos, ni compartí un almuerzo, ni jamás me relacioné con ellos de manera personal; y mucho menos intervine en sus negocios o en sus necesidades de índole comercial y/o financiera", afirmó. Admitió, no obstante, que pudo haber existido un saludo ocasional en un estudio de TV de Telefé, donde los testigos dijeron haber mantenido el primer encuentro.
Boudou reiteró, además, que no conoce al abogado Alejandro Vandenbroele, de The Old Fund, la firma que adquirió la compañía tras el levantamiento de la quiebra. Rechazó así las sospechas basadas en su supuesta relación con Vandenbroele a raíz del alquiler de un departamento suyo en Juana Manso 740, piso 25, Puerto Madero.
En otra de las presentaciones, el vicepresidente buscó evidenciar presuntas contradicciones en el expediente, entre las que observó que Ciccone y Reinwick fueron tomados primero como testigos y luego como querellantes por el juez Ariel Lijo, y ahora quedaron imputados por la fiscalía.
Los nombres de Boudou y Echegaray figuran en la lista de 11 personas que el fiscal Di Lello solicitó llamar a indagatoria. Lijo tendrá que expedirse ante ese pedido, aunque sin tiempos establecidos.