Una huelga de carceleros convirtió a la prisión más hacinada de Paraguay en "tierra de nadie"

Los resortes del sistema penitenciario paraguayo volvieron a estallar el sábado en Tacumbú, la mayor cárcel del país, diseñada para 1.500 internos pero que alberga a unos 4.000, donde la ausencia de carceleros, en huelga por demandas económicas, dejó un muerto y llevó al presidio al borde del caos.

"Estresante, todo desastre, tierra de nadie, el más fuerte sobrevive acá", así describía a Efe un interno por vía telefónica la situación a primera hora del sábado.

"Se llevaron los portones de los guardias. Entraron veinte personas al pabellón Remar pero los expulsamos. Todos los pabellones fueron asaltados", dijo Marcos Rojas, de 25 años, interno y miembro de la ONG religiosa Remar que trabaja de forma permanente en el presidio con los internos drogadictos.

El Sindicato de Trabajadores de Seguridad Penitenciaria de Paraguay (Sintrasepp) advirtió esta semana que iría a la huelga para recuperar los beneficios sociales y el aguinaldo que el Gobierno no pudo pagarles por falta de presupuesto. Y lo ha cumplido en la madrugada del sábado.

Durante la tarde del sábado, sin embargo, el gobierno paraguayo anunció que había alcanzado un acuerdo que permitió poner fin a los conflictos desatados a lo largo del día en la prisión de Tacumbú.

En el acuerdo, el gobierno se comprometió a pagar los salarios pendientes de los meses de noviembre y diciembre, más un aguinaldo para los contratados. Además, se acordó la recuperación de bonificaciones exigidas por los celadores por concepto de trabajo inseguro e insalubridad, correspondientes a unos 106 dólares, y el pago del salario mínimo al personal penitenciario que no lo percibe.

La cárcel había amanecido sin guardias: "no hay funcionarios, han estado asaltando el pabellón de la tercera edad, entraron, rompieron las puertas y las rejas de la entrada", dijo a Efe el español Pedro Pastora, titular de la ONG Remar, que gestiona algunos de los módulos más pobres del penal.

"Ahora Tacumbú está sin ley. La cosa está brava. Están desmontando todos los enrejados metálicos para fabricar armas"

"Ahora Tacumbú está sin ley. La cosa está brava. Están desmontando todos los enrejados metálicos para fabricar armas. Hay asaltos, se han llevado todas las computadoras de la iglesia, lo de las cantinas. No queda nada. Los presos están solos", añadió Pedro Pastore.

Cerca del mediodía, el director del presidio, Artemio Vera, había comparecido ante la prensa que esperaba frente al centro penitenciario para confirmar la muerte de un interno electrocutado sobre un tejado y la herida por arma blanca de otro.

Aunque los medios locales, que citan testimonios anónimos dentro del penal, cifraron el número de heridos en ocho.

Vera afirmó haber puesto bajo control la situación en el interior del local con 15 guardias y varios policías armados con escopetas para que vigilasen los techos donde los internos trepaban para robar en los módulos con pertenencias valiosas.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Nelson Mora, dijo en rueda de prensa que también el Ejército vigilaba el perímetro del penal y que de las 16 cárceles de Paraguay, doce estaban "trabajando con normalidad".

Mora explicó que los centros de Concepción, San Juan Bautista, Tacumbú y Encarnación eran los afectados por la protesta de los carceleros del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Penitenciaria de Paraguay.

En Tacumbú, donde se encuentra recluida el 46% de la población penal del país, se hacinan unas 4.000 personas de las que al menos un 80% son presos preventivos, según cifras oficiales.

El expandido mercado de crack, la falta de higiene, camas o celdas dignas y de programas efectivos para la rehabilitación convierten al mayor centro penitenciario de Paraguay en una ratonera.

Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay describe como "históricas" las deficiencias del penal y habla de "tratos crueles, inhumanos y degradantes".

La ministra de Justicia, Sheila Abed, del Gobierno del presidente Horacio Cartes, iniciado en agosto del año pasado, se comprometió a volcarse en la reforma del sistema penitenciario y esta semana declaró que la búsqueda de fondos para pagar salarios es una prioridad.

Abed dispuso hace dos semanas que no entraran más internos a Tacumbú como primera medida para frenar el hacinamiento de los presos.

La crisis de hoy estalló por la falta de guardias que ejercían su derecho a la huelga, pero normalmente Tacumbú dispone de unos 40 agentes penitenciarios por cada guardia, lo que durante la noche deja a unos 20 hombres al cargo de miles de presos.

El titular del Sintrassep,

(unos 307 dólares), por debajo del salario mínimo legal de unos 1,6 millones de guaraníes (unos 360 dólares).