La comisión investigadora de las Naciones Unidas sobre los crímenes en el conflicto sirio, presidida por el brasileño Paulo Sergio Pinheiro, publicó el resultado de las indagaciones que se han centrado en el creciente fenómeno de las desapariciones forzadas en Siria.
Por la amplitud del número de casos y la diversidad de las víctimas, la investigación concluye que las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica habitual en todo el país. Sin embargo, el documento no ofrece cifras específicas de víctimas porque "el clima de terror instaurado hace que sólo una fracción del número de desapariciones se reporte oficialmente".
Si en la primera etapa de la crisis siria estas desapariciones eran empleadas por el Gobierno para "silenciar a la oposición e infundir miedo entre familiares y amigos de manifestantes, activistas y blogueros", ahora se han extendido a personal médico, disidentes, opositores heridos y a personas que buscan información sobre algún pariente desaparecido.
"Las desapariciones forzadas han sido perpetradas por personal de inteligencia y de seguridad, así como por el Ejército, en colaboración con milicias progubernamentales (...). En todos los casos documentados, los responsables operan con impunidad", dijo el informe.
Este delito, además, se convierte, en la mayoría de casos, en un medio para perpetrar otros, sobre todo la tortura, denuncia la comisión. "Los supervivientes describen de forma consistente haber sido víctimas de tortura en su detención", en la que son privados de todo contacto con el exterior, no reciben asistencia legal y están a expensas de sus captores, dice el informe. Mientras tanto, a sus familias se les niega todo tipo de información sobre su paradero.
Los rebeldes también son condenados en el informe de la ONU, que señala que este año se ha hecho evidente que ciertas entidades opositoras han optado por el secuestro de civiles considerados simpatizantes del Gobierno, así como de periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes religiosos.
El aumento de estos casos se corresponde con la mayor presencia de grupos armados extremistas en el norte de Siria, controlado en su mayor parte por la oposición. Los autores de secuestros suelen pedir un rescate a las familias o utilizar a sus víctimas con fines de intercambio de prisioneros.
El documento se conoce en medio de una brutal represión en Alepo y más de dos años y medio después del comienzo de las revueltas contra el Gobierno. Además, empezó el proceso para destruir su arsenal de armas químicas, motivo por el cual Occidente frenó una acción militar su contra.
Las protestas en Siria comenzaron a mediados de marzo de 2011 como efecto contagio de lo que sucedía en Túnez. Egipto, Libia y Yemen. Se intensificaron con el correr de los días, creció el número de movilizaciones casi proporcionalmente con la brutal represión del Gobierno.
Siria es clave en Medio Oriente. Se trata, en su mayoría, de un país sunita (75%), pero los Assad, en el Gobierno desde principios de los 60, pertenecen a la secta alawí, una rama de los chiítas. Esto forjó una relación con Teherán tras la revolución islámica de 1979.
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