Se sabe que Guillermo Moreno tiene muchos enemigos. Pero el Grupo Clarín parece ser uno de los más importantes. Por eso es que el secretario de Comercio Interior anima reuniones sociales con merchandising en contra de Clarín. Globos, lapiceras, llaveros y otros artículos con la inscripción "Clarín Miente" son repartidos por Moreno y su gente en actos de oficialismo y en lugares públicos.
Ante la sobreabundancia de cotillón anti Clarín, la empresa periodística denunció a Moreno por el delito de intimidación pública. Clarín pedía que a Moreno se le aplique el artículo 212 del Código Penal que señala que "Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación."
La denuncia fue realizada en 2012 y le tocó intervenir al juez federal Claudio Bonadío, quien anteayer procesó a Moreno por abuso de autoridad. El fiscal del caso, Federico Delgado, desestimó inmediatamente la denuncia por inexistencia de delito. "El propio relato de la denuncia revela con nitidez la ausencia de un comportamiento humano que tenga entidad suficiente como para encuadrarlo dentro de algún tipo penal".
Bonadío archivó la causa pero los abogados de Clarín agregaron nueva información. Esta vez señalaron que en el viaje presidencial a Vietnam aparecieron otros artículos de cotillón anti Clarín. Nuevamente opinó Delgado: "los hechos siguen siendo los mismos, motivo por el cual habremos de insistir con el temperamento allí propuesto", dijo el fiscal. Bonadio volvió a archivar el expediente el 15 de marzo pasado y Clarín apeló.
La semana pasada los camaristas Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero confirmaron la decisión de Bonadío e hicieron suyos los argumentos de Delgado. Los jueces citaron una decisión anterior de la misma Cámara en la que ante un planteo de Clarín habían dicho que "la difusión de ideas opuestas y/o divergentes a aquellas propagadas por el grupo que el denunciante representa no resulta más que el ejercicio del derecho constitucional de la libertad de expresión, sin que se advierta, en esa proclamación, la creación de un peligro cierto de causar actos de violencia, ni la intención de incitar a cometer actos ilícitos". La causa quedó archivada.
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