La Justicia penal de La Plata deberá investigar la legalidad del "Informe Candela", elaborado por una comisión legislativa especial encabezada por el vicegobernador Gabriel Mariotto, a raíz de una denuncia presentada por la madre de la víctima, Carola Labrador, en la que señala una serie de irregularidades.
Asistida por sus abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, la madre de la nena secuestrada y asesinada en agosto de 2011, presentó un escrito en la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata en la que pone en duda si la redacción final del informe refleja cabalmente lo que declararon los testigos en la comisión investigadora, conformada luego de la aparición del cadáver.
Además, solicitó que se investigue el accionar de la ex funcionaria del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, Marta Arriola, al vicegobernador Mariotto, a los senadores de la comisión y al juez de cámara de Morón, Adolfo Naldini.
La denuncia fue presentada en la Fiscalía 8 de La Plata, donde tramita una causa iniciada por el fiscal Marcelo Romero, luego de que la Cámara Penal de Morón liberó a los únicos dos detenidos por el crimen de la nena.
Labrador sospecha que la comisión pudo haber incurrido en el delito de falsificación de documento público, al tomar conocimiento de la versión que indica que en el informe se fraguaron las declaraciones que constan en una versión taquigráfica.
El presidente de la comisión investigadora, senador Jorge D'Onofrio, es uno de los apuntados, ya que uno de sus asesores legislativos es el abogado Marcelo Mazzeo, defensor de uno de los imputados en la investigación.
La madre de la víctima sospecha que el informe fue direccionado por varios legisladores que responderían a Mariotto, como parte de la interna política que protagonizaron el gobernador Daniel Scioli y su vice.
Esta hipótesis se basa en que en el informe se determinó que "el asesinato de Candela está vinculado al narcotráfico" y fue muy crítico con la labor desplegada por la Policía Bonaerense, al ministro de Seguridad Ricardo Casal y a los jefes policiales Hugo Matzkin y Juan Carlos Paggi.
A poco de cumplirse dos años de la muerte de Candela Sol Rodríguez, la causa está prácticamente congelada. No hay detenidos, y uno de los testigos protegidos murió en abril de este año a raíz de un presunto accidente doméstico.
Según la versión policial, una garrafa habría explotado en su domicilio por un escape de gas. Pero tanto la madre de Candela, Carola Labrador, como el abogado de dos de los sospechosos en el caso señalaron que el ataque a este testigo estaría directamente vinculado a su aporte en la causa.
De hecho, el testigo fallecido había denunciado tiempo atrás una serie de amenazas entre las que se incluía un ataque a tiros al frente de su casa, luego de lo cual tomó la decisión de encadenarse frente a las rejas del Palacio de la Gobernación bonaerense para pedir asistencia, aunque no tuvo respuestas.
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