Magistratura: podrían unificar en el fuero electoral planteos contra la reforma

Días atrás, dos magistrados de Mar del Plata y de San Nicolás suspendieron las elecciones de consejeros de la Magistratura por considerar que pueden ser inconstitucionales. Para evitar nuevas medidas cautelares, el Gobierno analizaría pedirles una medida inhibitoria a los restantes jueces federales que podrían fallar en contra de la reforma del Consejo.

Además, busca derivar la competencia a la jueza federal en lo electoral, María Servini de Cubría, "por tratarse de un conflicto electoral", según confiaron fuentes oficiales al diario La Nación.

Las elecciones de consejeros deberían realizarse durante las primarias del 11 de agosto próximo y luego en las legislativas, del 27 de octubre. El plazo de presentación de alianzas vence el 12 de este mes y el de candidatos, el 22.

"Como la elección por voto popular de los consejeros es por distrito único, igual que la de un presidente, el juzgado que debe intervenir es el de la jueza Servini y las causas se deben acumular y la competencia se debe derivar a ella", explicó un funcionario con llegada a la presidente Cristina Kirchner en estas cuestiones, añade el matutino.

En ese caso, la segunda instancia será la Cámara Nacional Electoral, que preside Alberto Dalla Vía. Pero el conflicto se terminará dirimiendo en la Corte Suprema a través de un recurso de per saltum, que llegaría lo antes posible al máximo tribunal para que resuelva el conflicto urgente, en caso de considerarlo de "gravedad institucional".

"De acuerdo a cómo sean los fallos en los distintos juzgados del país se diseñará la respuesta para cada uno de ellos. Pero no se descarta pedir la inhibitoria a los jueces federales en lo contencioso administrativo y la derivación de competencia a Servini para que se acumulen allí las causas", confió otro funcionario a La Nación.

Los jueces federales en lo contencioso administrativo de Mar del Plata, Alfredo López; y de San Nicolás, Martín Alberto Martínez, dictaron el viernes las primeras medidas cautelares y ordenaron al Poder Ejecutivo que frenara las elecciones de consejeros por medio del voto popular.

Además, los dos jueces declararon inconstitucionales algunos artículos de la nueva ley que limita las medidas cautelares contra el Estado y le dieron al Gobierno siete días para que opine.