"Los detenidos funcionaban en tres grupos que constituían el núcleo del aparato logístico de ETA", dijo el ministro en una rueda de prensa, en la que explicó que "la operación ha desmantelado tres servicios básicos y vitales" para el grupo: "la gestión de zulos (escondites de armas y suministros), el aprovisionamiento de vehículos robados y la confección de material falsificado".
"Las actuaciones practicadas, unidas a la extrema situación de debilidad operativa de la banda terrorista, sitúan de nuevo a ETA ante lo inevitable, que es su disolución", añadió Fernández Díaz.
De la gestión de zulos se encargaban los dos miembros más importantes, según el ministro, detenidos en Brive-la-Gaillarde (centro-sur): Antonio Goicoechea Gabirondo, de 42 años, "uno de los mayores expertos en explosivos de la banda", y Raúl Aduna Vallinas, de 32, considerado el supuesto jefe de este aparato.
Ekhine Eizaguirre Zubiarre y Kepa Arkauz Zubillaga, ambos de 29 años y detenidos en Blois (centro), se ocupaban del grupo de falsificación de documentos, mientras en el grupo de robo de automóviles detenido en Montpellier (sur) estaban Igor Uriarte López de Acuña, de 39 años, y Julen Mendizabal Elezcano, de 33.
Sobre cuatro de ellos, precisó el ministro, pesaba una
"Se trata de tres grupos con funciones distintas aunque interdependientes", explicó el ministro español, que agradeció "la cooperación" a su homólogo francés, Manuel Valls.
Fernández Díaz felicitó también a las fuerzas de seguridad españolas y francesas por "la excelente coordinación" para realizar una operación "muy complicada", al haberse desarrollado en tres puntos muy alejados geográficamente.
Las investigaciones en torno a estos presuntos miembros de ETA comenzaron tras la detención, el 28 de octubre en Francia, de Izaskun Lesaka, considerada una de las jefas del grupo y máxima responsable de su logística.
Tras el golpe, el ministro, bajo cuyo mandato se ha detenido a
aseguró: "La ETA que hemos conocido y padecido en
durante décadas no volverá existir.
ETA, responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de lucha armada por la independencia del País Vasco y calificada de organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, anunció el 20 de octubre de 2011 el fin definitivo de sus acciones violentas.
No obstante, el grupo, muy debilitado tras los numerosos golpes policiales contra sus miembros, rechaza disolverse y entregar las armas, como exigen España y Francia.
"ETA debe interiorizar que ha sido derrotada y debe disolverse y entregar sus armas", exigió nuevamente el ministro español al grupo, que no atenta en España desde agosto de 2009 y, según los expertos, cuenta con sólo algunas decenas de miembros aún en libertad.