Debate sobre las "ciudades charter", donde el Estado no llega

Las repercusiones por estos emprendimientos se han multiplicado a partir del proyecto de Regiones Especiales de Desarrollo (RED) en Honduras, aunque todavía no está claro si cumplirán con sus objetivos.

Las ciudades charter pueden definirse como micro-Estados dentro del Estado: cuentan, entre sus atributos, con la posibilidad de sancionar su propia legislación, tener su propio sistema tributario, elegir a sus gobernantes y hasta elaborar una Constitución.

Son varios los países en los que existen ciudades que se acercan al modelo de las charter cities: varios emprendimientos en Chicago, la propia Hong Kong y la ciudad de Songdo en Corea del Sur.

Entre las motivaciones de quienes deciden trasladarse a estas ciudades, se encuentra la búsqueda de un nuevo estilo de vida -ajeno a los ruidos y las congestiones urbanas-; aunque el motivo principal es la búsqueda de seguridad.

      

Latinoamérica ha experimentado, en los últimos años, un aumento creciente de la inseguridad; un fenómeno que abarca desde la delincuencia común, hasta el delito organizado a mayor escala, como las bandas narcos o las llamadas maras. En simultáneo y como respuesta a esto, también ha proliferado la oferta y la demanda de los espacios cerrados.

Sin embargo, las ciudades charter tienen otra motivación, que no tienen en común con los barrios cerrados: su soberanía está pensada para favorecer y atraer las inversiones económicas y convertirse así en áreas prósperas y desarrolladas.

¿Un nuevo tipo de colonialismo? La propuesta de Paul Romer

El economista Paul Romer, experto en crecimiento económico de la Universidad de Stanford, basó su tesis doctoral en un audaz proyecto personal.

La idea de las "ciudades tuteladas" o ciudades charter fue pensada, por su autor, como una alternativa de desarrollo para los países sumidos en la pobreza y el atraso. Para eso, estas zonas se convertirían en un blanco de atracción de inmigración y de capitales privados.

La idea es sustentada por la teoría del desarrollo endógeno, ya que se busca utilizar y potenciar las capacidades internas de cada región.

El proyecto está basado, además, en la certeza de una tendencia a la urbanización cada vez mayor: encuestas recientes realizadas por Gallup afirman que unos 700 millones de personas estarían dispuestas a desplazarse de forma permanente a un país que les ofrezca seguridad y oportunidades económicas.

Romer explicó a la Revista Prospect cómo se llevaría adelante su proyecto: un gobierno en un país pobre invitaría a un Estado occidental a administrar una zona deshabitada a la que se trasladarían personas de ese país pobre y de otras partes del mundo a vivir y trabajar. El hecho de que sea inaugurada de cero en una zona deshabitada funcionaría como garantía de que sus residentes han elegido vivir allí con pleno conocimiento de todas sus normas.

Tanto para defensores como para detractores del proyecto, estas regiones se convertirían en enclaves occidentales dentro de países subdesarrollados.

Entre sus aspectos positivos, además de la posibilidad de darse reglas propias, los impulsores destacan, al igual que lo hace su página web –chartercities.org-, que el país huésped se beneficiaría del crecimiento de la región y hasta podría, en un plazo determinado, lograr los mismos estándares de desarrollo que la ciudad autónoma.

También se destaca la introducción de tecnología de punta, la creación de puestos de trabajo y la posibilidad de que se cree una zona multicultural dentro de ésta.

Las críticas a este innovador proyecto tampoco son escasas. Muchos han identificado el hecho de que sean los países centrales quienes administren estas regiones sin necesidad de rendir cuenta a los Estados anfitriones como una nueva forma de colonialismo.

El ex fiscal de Defensa de la Constitución hondureño Oscar Cruz opinó, en una entrevista con la BBC, que se trata de un modelo que "burla al Estado". Por esto, el abogado redactó un recurso de inconstitucionalidad contra ese tipo de emprendimientos.

En una entrevista que hizo el británico The Economist a Paul Romer, éste aseguró que estas ciudades protegerían a los inmigrantes de los países ricos del sistema judicial y policial de los países anfitriones, que a menudo son ineficientes. Además, según el ideólogo del proyecto, tras los muros de las ciudades privadas y bajo sus propias reglas estarían protegidos de la corrupción y los abusos de poder de los líderes de las naciones subdesarrolladas.

El caso de Honduras

La Honduras de Porfirio Lobo fue el territorio ideal para la prueba piloto del proyecto de Romer por sus altos índices de pobreza, la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado.

Después de un acalorado debate en el Congreso Nacional, el Gobierno lanzó su propia versión de las ciudades charter, bajo el título Región Especial de Desarrollo (RED).

Votada a finales del año 2012, la Ley para la Creación de los Regímenes Especiales de Desarrollo habilitó la cesión de territorios para la creación de zonas de libre empresa. Según el gerente administrativo del Congreso Nacional, Ebal Díaz, el proyecto votado en Honduras "es bien distinto" del que fue presentado por Romer. "Nosotros tropicalizamos esa idea", afirmó.

El Estado hondureño mantendría el control sobre asuntos electorales, la emisión de documentos de identidad y pasaporte, defensa y relaciones exteriores, mientras que estas zonas gozarían de autonomía administrativa, personería jurídica, tendrían su propio régimen tributario y podrían "contratar sus propias deudas internas o externas, siempre que sean sin el aval del Estado de Honduras".

A la espera de los resultados del ensayo hondureño, la idea de las ciudades charter comienza a gestarse en varios países de Latinoamérica. Mientras continúa la polémica sobre sus límites, sus posibilidades y los derechos de sus habitantes y los de los países anfitriones, muchos gobiernos las evalúan como la única posibilidad de salir de una "coyuntura crítica" que es común en la región.