"Los presidentes se enteraron de lo que ocurría en este país y decidieron enviar una comitiva para interiorizarse de la situación", señaló Alí Rodríguez, secretario general de la Unasur, en conferencia de prensa en el palacio presidencial paraguayo.
El funcionario regional manifestó que durante la reunión mantenida con el presidente Fernando Lugo, se habló de que "uno de los principios rectores de la democracia es la recta administración de Justicia y dentro de ésta respetar el debido proceso, donde se establezcan todas las debidas garantías para defender al acusado, principalmente cuando se trata de un presidente de elección popular".
Asimismo, Rodríguez agregó que "todo lo que ocurra en Paraguay trasciende las fronteras" y afecta a la democracia de la Unasur, pues el país ejerce actualmente la presidencia pro témpore del bloque regional. Y señaló que "se llevarán a cabo reuniones con distintas agrupaciones políticas, con el parlamento y con todo aquel que pueda contribuir para darle una salida no cruenta a esta situación".
En la reunión participaron los cancilleres Antonio Patriota (Brasil), Héctor Timerman (Argentina), Luis Almagro (Uruguay), Alfredo Moreno (Chile), Nicolás Maduro (Venezuela), Rafael Roncagliolo (Perú), Ricardo Patiño (Ecuador), María Angela Olguín (Colombia), la ministra de Desarrollo Rural de Bolivia Nemesia Achacollo y el secretario general de Unasur Alí Rodríguez. Este viernes también tienen previsto un encuentro con autoridades parlamentarias y los líderes de los partidos políticos para tratar de interiorizarse de toda la crisis desatada en Paraguay.
De acuerdo con lo publicado por ABC, los miembros de la prensa tuvieron acceso al salón de reuniones sólo para tomar algunas fotos. Sin embargo, durante el breve lapso, se escuchó a Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia, decir que el Congreso no reconoció la cláusula democrática del bloque regional.
El jueves por la noche, el presidente ecuatoriano declaró al canal TeleSur que lo que ocurre en Paraguay es una cuestión totalmente ilegítima. "Lo que está pasando en Paraguay es absolutamente ilegítimo, por eso enviamos una comisión al más alto nivel de Unasur", expresó.
Rafael Correa había adelantado que los miembros de la Unasur no reconocerán al Gobierno que surja luego del juicio político a Fernando Lugo y aclaró que una de las cláusulas del bloque los faculta a cerrar las fronteras. "Lo que podemos en la Unasur es no reconocer a un nuevo gobierno, incluso llegar al cierre de fronteras", agregó.
Asimismo, el mandatario ecuatoriano expresó que Paraguay internamente "puede hacer lo que quiera, pero en lo internacional, depende de la decisión" de Unasur. E indicó que creía que ya se había superado esa etapa en América Latina, de intentar desestabilizar gobiernos elegidos democráticamente y dijo que el resultado del juicio político al presidente paraguayo puede dejar un "nefasto antecedente para la región".
Debido proceso
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y el gobierno de los Estados Unidos coincidieron a la hora de exigir que se respete el "debido proceso" en el juicio político que se le inició a Lugo.
Insulza manifestó su "firme convicción de que la estabilidad institucional que ha logrado la región debe protegerse salvaguardando el más pleno respeto al debido proceso, no sólo en la forma, sino también en el fondo". Y agregó: "Ello implica la debida valoración de las pruebas de la acusación y la aplicación de plazos que permitan la adecuada preparación y presentación de los descargos de los acusados en el pleno ejercicio de su derecho a la defensa".
De su lado, el vocero del Departamento de Estado estadounidense, William Ostick, llamó "a las instituciones democráticas a actuar de manera reflexiva y transparente, y que los principios del debido proceso y los derechos de los acusados sean respetados escrupulosamente". Además, agregó que la Casa Blanca está siguiendo el proceso "muy de cerca" a través de su embajada en Asunción y que estará en permanente contacto con Insulza y otros líderes regionales que ya manifestaron su preocupación, como el canciller brasileño, Antonio Patriota.
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