El máximo tribunal venezolano anunció en un comunicado el jueves que admitió una "demanda de protección de derechos e intereses colectivos" interpuesta por la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
Mientras progresa la demanda, el Tribunal Supremo ordenó a la empresa que las importó, Galaxia Médica, así como a los cirujanos y los hospitales privados, que realizaron las cirugías, que retiren y sustituyan de forma gratuita y programada los implantes "en aquellos casos en los que se haya iniciado el proceso de filtración, de modo que conforme a diagnostico médico se determine que no se pueda esperar, para su extracción, la sentencia definitiva".
Miles de mujeres en Venezuela tienen los implantes mamarios producidos por la ahora extinta compañía francesa Poly Implant Prothese (PIP), los cuales desataron un escándalo internacional al descubrirse que sus fabricantes utilizaron silicona industrial, inadecuada para uso médico, lo cual aumenta el riesgo de rotura de la prótesis.
Gilberto Andrea, un abogado que representa a más de 2.000 mujeres que recibieron los implantes, elogió la medida y dijo que en la demanda aún están pendiente exigencias adicionales por los daños sufridos. Señaló que alrededor de 33.000 mujeres tienen los implantes en Venezuela y que la decisión inicial del tribunal "es una medida para todas las afectadas".
Los costos de sustituir los implantes PIP con los de las otras marcas oscilan alrededor de unos 5.000 a 9.000 dólares, lo que hace difícil para muchas mujeres pagar la operación, dijo Sandy Contreras, presidente de una asociación de mujeres con los implantes.
Contreras indicó que tanto ella como su hija, de 24 años, tienen los implantes, pero hasta ahora no se han roto como lo han hecho en los casos de otras mujeres. En cuanto a la decisión del tribunal, dijo: "Estamos sumamente contentas... hemos estado en una constante lucha".
Las cirugías de agrandamiento mamario es común en Venezuela, y la marca PIP se utilizaba con frecuencia hasta que los implantes fueron retirados del mercado en 2010.