La decisión fue tomada por la Sala de Sorteos de la Cámara del Crimen, después de que la Sala Primera de ese tribunal apartara a Eliseo Otero, el magistrado que estaba a cargo del expediente.
Berdión de Crudo, una jueza histórica del fuero penal porteño, intervino en algunos casos de alto impacto mediático en los últimos meses; entre ellos, un confuso episodio en el que un hombre escapó con su moto de un control policial en el barrio de Flores y fue herido de bala cuando fue detenido.
También intervino en otro caso controversial: la muerte de un joven de 20 años que intentó abordar un colectivo de la línea 88 en septiembre del año pasado en cercanías de la Plaza Miserere y cayó debajo de las ruedas del vehículo.
Por esta reciente designación, la jueza deberá ahora resolver el pedido del fiscal Sandro Abraldes para someter a indagatoria a 33 policías de la Metropolitana y 11 de la Federal, acusados de los crímenes.
La Cámara del Crimen anuló el lunes el sobreseimiento que benefició a 33 oficiales de la Policía Metropolitana y 11 de la Federal acusados por dos crímenes cometidos en diciembre de 2010 durante el intento de desalojo del Parque Indoamericano y ordenó que sigan siendo investigados.
La Sala I de la Cámara también apartó de la causa al juez de instrucción Otero y confirmó el sobreseimiento de la jueza penal porteña María Cristina Nazar, imputada por irregularidades en el operativo de desalojo del predio que había ordenado.
Los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Rimondi entendieron que puede haber "algún tipo de menoscabo en la imparcialidad del Dr. Otero" que "no inspire la confianza necesaria a las partes en el caso", ya que abrió una línea de investigación sobre la que no hay pruebas, por lo que lo sacó de la causa.
Abraldes había pedido en diciembre las indagatorias de los oficiales de la Metropolitana y la Federal por los crímenes de Bernando Salgueiro, paraguayo de 22 años muerto de un tiro en el estómago, y Rosemarie Chura Puña, boliviana de 28 años, asesinada por un impactó en el tórax, en ambos casos el 7 de diciembre del 2010.
Entre ellos acusó a los comisarios de la Policía Federal Roberto Palavecino, Hugo Lompizano –también imputado en la causa por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra–, Juan Quintero y Emilio Miragaya, y el comisario mayor de la Metropolitana Ricardo Ferron.
Abraldes entendió, tras un año de investigación, que los crímenes fueron perpetrados en sectores del parque ubicado en Villa Soldati, donde las fuerzas de seguridad habían reprimido la toma, y cometidos con municiones antitumulto adulterada, que fueron cambiadas por sus originales.
Sin embargo, Otero desestimó en febrero el planteo y sobreseyó a los acusados al considerar que el fiscal había realizado una acusación genérica y no investigó la hipótesis de la existencia de armas tumberas en manos de los ocupantes del predio como las causantes de los crímenes.
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