Brasil cierra el mayor basurero de América Latina

El cierre del mayor vertedero de América Latina dejará sin trabajo a unas 1.200 personas que viven de vender el material de valor que encuentran entre las 8.400 toneladas de residuos que son generadas a diario en Río de Janeiro.

El basurero, que tiene el bucólico nombre de Jardín Gramacho, ocupa una enorme explanada en el municipio de Duque de Caxias, en el extrarradio de Río, y se encuentra pegado a la Bahía de Guanabara, un paraje ecológico inigualable que contrasta con las montañas de basura que todos los días son depositadas en el lugar por decenas de camiones.

Inaugurado en 1976, durante el régimen militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985, este vertedero provocó un alto impacto ambiental por la descomposición de los desperdicios que generan gas metano, uno de los responsables del calentamiento global.

Una gran cantidad de los residuos generados en Río de Janeiro y varios municipios vecinos termina aquí y atrae a infinidad de moscas y buitres.

Antes, un 70 por ciento de la basura de Río de Janeiro llegaba al Gramacho, pero desde que en 2011 se abrió el Centro de Tratamiento de Residuos de Seropédica, a 75 kilómetros de la antigua capital brasileña, la cantidad se ha ido reduciendo.

En la actualidad, unas 2.000 toneladas de basura son arrojadas en este vertedero cada día, es decir una cuarta parte de lo que recibía unos años atrás, según la Alcaldía.

De la recolección y posterior venta de metales, cartón, latas, plástico o papel viven los "catadores", como son conocidos en Brasil los recolectores que pasan el día entre pilas enormes de basura, y sus familias.

El trasiego de camiones cargados de residuos no para en las 24 horas del día, mientras los recolectores tienen turnos de día y de noche y los buitres no dejan de sobrevolar la zona en ningún momento.

Un trabajador explicó que por un kilo de cobre, el material más buscado, pueden obtener hasta nueve reales (unos 4,7 dólares), dos reales por uno de aluminio y tan sólo un real por cada kilogramo de plástico que se afana en poner en las grandes bolsas de lona que lleva consigo.

Celso Melquits, que trabaja en el Gramacho desde hace 18 años, cuenta que hubo un tiempo en el que podía ganar más dinero que un maestro de escuela y no los seis reales (unos 3,1 dólares) por día que consigue ahora.

"Si te movías bien podías sacar hasta 150 reales por día (unos 80 dólares), ahora no alcanza más que para el alquiler, un café y una empanada", dijo Melquits.

A sólo unos pasos, Elaine, de 24 años, usa un sombrero y guantes de plástico para que no se le ensucie el cabello ni se le estropee la pintura de las uñas.

La chica está terminando sus estudios y pretende continuar hasta ser peluquera, pero mientras tanto trabaja en el basurero para mantenerse.

Desde que la Alcaldía y la Gobernación del estado de Río de Janeiro decidieron que cerrarían el lugar, los catadores están negociando con las autoridades para tratar de obtener una indemnización.

La mayoría de los recolectores de basura trabaja aquí desde hace más de 15 años y temen no encontrar un nuevo modo de supervivencia, por eso reclaman que las autoridades no los olviden sin más.

Otros piensan que el Estado vino a ayudarlos, como Iván, que lleva 20 años en el Gramacho y piensa tomar el dinero que le den para hacer un negocio en cooperativa con otros compañeros.

"Necesitamos ese dinero para emprender algún negocio o para sobrevivir hasta que encontremos un nuevo trabajo", dice Juliano, de 36 años, que trabaja en el vertedero desde que llegó de Sao Paulo con 14 años.

Juliano cree que les corresponde recibir esa ayuda del estado y amenaza con emprender una revuelta si no es así, aunque enseguida reconoce que prefiere que haya una solución pacífica.

Una mujer, llamada Angélica, asegura que quiere ganarse la vida dignamente y por eso viene aquí cada día desde 1994. "No quiero tener que pedir ni robar, no tengo estudios y esta es mi única fuente de vida", explica.

El cierre definitivo del vertedero estaba previsto para este mes, pero la alcaldía lo aplazó para mayo próximo ante la falta de un acuerdo con quienes viven de reciclar basura, que se asociaron hace menos de dos años y que en conjunto pretenden recibir cerca de 21 millones de reales (unos 11 millones de dólares) como indemnización.