La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Londres, que optó por no hacer lugar para que la estudiante de enfermería Lucy Wright, de 28 años, sea juzgada en nuestro país, tras el reclamo del Estado argentino por su extradición.
Wright está acusada de traficar 6,320 kilos de cocaína el 14 de marzo de 2007 cuando pasó por Ezeiza, una escala intermedia de su viaje de Perú hacia el Reino Unido. En ese momento, la joven fue indagada por el juez federal Claudio Bonadío pero se la excarceló y, violando la caución, cruzó a Brasil, donde ante el consulado británico dijo que perdió el pasaporte, obtuvo uno nuevo y volvió a su país.
El 5 de septiembre de 2008 el Gobierno argentino reclamó su extradición y el 4 de abril de 2009 fue detenida en Inglaterra a partir de lo cual empezó el proceso para ser extraditada, que estaba a cargo del juez Riddle de la ciudad de Westminster. En su interrogatorio, Wright admitió que llevaba la droga hacia Inglaterra para una persona que le prometió una suma de dinero a cambio, y reclamó ser juzgada en su país. Para evitar ser traída a Argentina, su defensa sostuvo que ello implicaría alejarla de su familia, pero el juez Riddle rechazó los argumentos y aprobó la extradición.
El caso llegó a la Real Corte de Justicia que basada en la figura de "testigo experto", designó a la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Verdú, en conjunto con el abogado Federico Pollevik, realizaron un informe sobre la situación de las cárceles en la Argentina, el primero presentado en noviembre de 2010, y luego otro en diciembre de 2011.
Ese informe describe las malas condiciones carcelarias, y se realizó sobre la base de testimonios de presas argentinas y extranjeras y documentación de la Procuración Penitenciaria Nacional y del Ministerio de Justicia, así como de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado 20 de marzo el Tribunal de Londres negó la extradición de Wright, con el argumento de que en caso de ser detenida en la Argentina podría ser sometida a torturas, y tratos inhumanos en algunas de las cárceles.
En base al informe de Verdú los jueces sostuvieron que "la escasez de comida y elementos de higiene personal son la regla en las prisiones argentinas", y que los detenidos "no reciben visitas de familiares ni reciben bienes básicos.
Además, los jueces también reproducen del informe de Verdú y Pollevik que las presas mujeres son atacadas en las cárceles argentinas, y peor aún en el caso de las extranjeras, ello en base a documentación de la CIDH, estadísticas que maneja la Procuración Penitenciaria e informes del CELS.
El caso se da en medio de las tensiones diplomáticas entre nuestro país y Gran Bretaña por la la soberanía de las Islas Malvinas, y a pocos días de que se cumpla el 2 de abril el trig´wsimo aniversario del inicio de la Guerra en el Atlántico. Sur.