Salvador Allende murió el 11 de septiembre de 1973, en el inicio de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. El fin de su existencia marcó una época de la historia chilena y abrió un interrogante que perduró por casi 38 años: ¿bajo qué circunstancias el presidente chileno abandonó este mundo?
La justicia de Chile inició, en enero, el proceso de investigación que se profundizó en mayo con la exhumación del cadáver del ex mandatario. La requisa llevó al juez Mario Carroza, a cargo de la causa, a pedir el peritaje de dos fusiles AK 47 con el objetivo de hallar el arma homicida, a exigir al Ministerio de Defensa los nombres de los pilotos que aquel día bombardearon La Moneda y a citar a declarar a seis altos oficiales de la Fuerza Aérea, que podrían ser los responsables del ataque.
De acuerdo a la versión oficial, que intenta ser comprobada, Allende se quitó la vida al disparase en la barbilla con un AK 47 -obsequio del ex mandatario cubano Fidel Castro- mientras el palacio presidencial era atacado por los golpistas. El arma desapareció y se cree que es una de las dos que se encontraban en el Museo Naval. Los fusiles fueron donados por la familia del fallecido almirante José Toribio Merino, ex comandante en jefe de la Armada chilena y miembro de la junta militar que acompañó el gobierno de Pinochet entre 1973 y 1990.
El proceso derivó en la necesidad de dar con las identidades de quienes bombardearon la sede gubernamental, algo que se vio inicialmente obstaculizado ya que el ministro de Defensa, Andrés Allamand, aseguró que no existen registros donde obtener esa información.
El anuncio, que generó malestar en la familia Allende y en organizaciones civiles y agrupaciones de izquierda, se realizó un día después de que el ex titular de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, negara, ante el juez Carroza, conocer los nombres de los pilotos.
Sin embargo, el periodista chileno Eduardo Labarca -quien ha redactado numerosos artículos sobre la muerte de Allende- difundió las identidades. Ello provocó que se llamara a declarar a seis altos oficiales, tres de los cuales habrían formado parte de los equipos que comandaron los caza Hawker Hunter que atacaron el edificio.
Se trata de los generales retirados Mario López Tobar, Fernando Rojas Vender y Enrique Montealegre Jullian. Mientras que fueron citados en calidad de testigos los coroneles Hernán Pérez de Tudela Jiménez, Raúl Vargas del Campo Silva y a Sergio Sanhueza López.
El interrogatorio, que aún no tiene fecha, permitirá aclarar los sucesos previos a la muerte del mandatario, cuyas circunstancias serán develadas cuando se difunda el informe forense final.
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